En el día de ayer, en las Cortes de Castilla y León, el Procurador socialista Diego Moreno Castrillo mostró su apoyo a la lucha de los 122 trabajadores y trabajadoras del Programa de Vigilancia, Prevención, Control y Erradicación de enfermedades de la cabaña ganadera de la Comunidad.
En su mayoría veterinarios y auxiliares, estos profesionales enfrentan la amenaza de perder sus puestos de trabajo debido a las decisiones tomadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
El pasado 31 de octubre, la Junta de Castilla y León anunció el fin de los contratos indefinidos, tanto fijos como discontinuos, que los empleados mantenían desde 2013 con la empresa concesionaria EULEN S.A. A pesar de destinar 6,4 millones de euros al programa, incrementando en 2 millones el presupuesto anual, la administración no ha renovado el contrato con la empresa ni permitido su participación en la nueva licitación.
Como consecuencia, los contratos de los trabajadores finalizarán el 30 de noviembre, dejando en incertidumbre a 122 familias. A esto se suma la contradicción de encargar a Tragsa, un medio propio de la administración, la selección de veterinarios para continuar prestando el mismo servicio, mientras la plantilla actual negocia un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Desde UGT denunciamos la falta de sensibilidad de la Consejería hacia las vidas de los afectados, quienes ahora enfrentan desempleo y estrés tras años de servicio ininterrumpido. Además, se han convocado jornadas de huelga los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de noviembre para reivindicar la continuidad de estos empleos y exigir soluciones justas.
La unidad de los trabajadores y el apoyo de representantes como Diego Moreno Castrillo, procurador socialista en las Cortes de Castilla y León son clave para visibilizar esta situación y revertir una decisión que afecta no solo a los profesionales, sino también a la efectividad del programa ganadero.
Desde UGT, seguimos comprometidos en la defensa de los derechos laborales y apoyamos todas las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de estos trabajadores y trabajadoras.
Por el mantenimiento de los empleos. Por la dignidad laboral.
