FeSMC-UGT reitera su compromiso con la garantía de los derechos y oportunidades reales para todas las personas, sin exclusiones, con ocasión del Día Mundial de la Justicia Social que se celebra el 20 de febrero.

El 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, fecha elegida en 2007 por la Asamblea de las Naciones Unidas, y que tuvo su primera conmemoración el año siguiente, plantea una serie de objetivos básicos, a los que FeSMC-UGT se suma, por coincidir con nuestro “ADN sindical”, que no es otro que la erradicación de la pobreza, la promoción del pleno empleo en condiciones dignas, la lucha por la igualdad, el bienestar de la ciudadanía y eliminación de las barreras discriminatoria.


Queremos aprovechar esta fecha para hacer un pequeño análisis de la situación económica y su afectación real en la ciudadanía de España. Así, España lidera el crecimiento económico de la Comunidad Económica Europea, con un crecimiento del 2,9%. Además, los datos de paro registrados en 2025 muestran que se crearon más de 600.000 puesto de trabajo, dejando la tasa de paro en un 9,6% la más baja en los últimos 17 años. Por otro lado, los datos que lanza el 2025 en la Encuesta de Condiciones de Vida, marca una ligera mejoría con respecto a 2024. Ejemplo de ello es que los ingresos medios por personas aumentaron un 5,5% situándose en 15.620 euros anuales, frente a los 14.807 del 2024. Desciende también, aunque muy ligeramente, el porcentaje de población en riesgos de pobreza o exclusión social pasando del 19,7% al 19,5% en 2025. Aun así, no debemos olvidar que en España tenemos 9.641.355 personas en situación de pobreza.

España lidera el crecimiento económico de la Comunidad Económica Europea, con un crecimiento del 2,9%, pero 9.641.355 personas se encuentran en situación de pobreza.

Uno de los factores para el descenso de los datos de población en situación de pobreza ha sido el incremento del SMI, aunque desde UGT seguimos reivindicando que debe situarse, lo antes posible, en el 60% del salario medio, esto es, 1.444 euros, garantizando una verdadera senda de dignificación del salario para que las personas trabajadoras.


Para muchos el concepto de justicia social puede resultar abstracto o inconcreto, pero la realidad es que su consecución tiene efectos importantes en nuestro día a día. Porque justicia social es que toda la ciudadanía pueda adquirir productos de consumo básicos de la cesta de la comprar, porque justicia social es que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler, porque justicia social es que todos los niños y niñas puedan ir a la escuela, que cualquier ciudadano o ciudadana pueda ser tratado de un cáncer en la sanidad pública, se trata, en definitiva, de garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos a la ciudadanía, independientemente de su origen, sexo, condición social, edad, discapacidad, orientación sexual y/o identidad o expresión de género, o cualquier otras circunstancia o condición.

La justicia social busca un mundo en el que las sociedades se basen en los principios de igualdad y solidaridad, comprendan y valoren los derechos humanos, y reconozcan la dignidad de todo ser humano.

En un mundo inmerso en constantes cambios, donde enfrentamos importantes desafíos, como son el cambio climático, el reto migratorio, el envejecimiento de la población, el avance de la inteligencia artificial, la seguridad internacional y la consecución de la paz, entre otros, debemos garantizar que las adaptaciones a estos importantes cambios no supongan el incremento de las brechas de desigualdad, y que su gestión se realice mediante estrategias que no dejen a nadie atrás y generen oportunidades y alternativas de desarrollo social y económico.

En este sentido como organización, en UGT, debemos plantear como pilares básicos para la consecución de la justicia social los siguientes:

  • La defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos, en un contexto de debilitamiento del multilateralismo, quiebra del derecho internacional y cuestionamiento de los valores más esenciales que sostienen las democracias modernas.
  • El fortalecimiento de los servicios públicos, exigiendo una fiscalidad progresiva, donde aporten más quienes más tienen, que refuerce y garantice servicios públicos de calidad y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales que los atienden.
  • El fomento del dialogo social y la negociación colectiva como las mejores herramientas para alcanzar el pleno empleo y garantizar empleo decente, donde se garantice un reparto justo de la riqueza mediante la subida de los salarios, la reducción de tiempo de trabajo, la protección frente al despido y la democratización de las relaciones laborales en este país.
  • El fortalecimiento los sistemas de protección, pensiones, prestaciones por desempleo y prestaciones sociales.
  • La exigencia de políticas públicas transformadoras que den acceso efectivo a los derechos de la ciudadanía, como el derecho a una vivienda, así como políticas que frenen el aumento de los precios de los bienes básicos que empobrecen a las personas trabajadoras.
  • Trabajar por un cambio en el modelo productivo, invirtiendo en los distintos sectores, con el objetivo de tener un mercado laboral sostenible, justo y equitativo.
  • La consecución de la igualdad de género (real) y la eliminación de la violencia estructural hacia las mujeres.
  • La eliminación de todas las discriminaciones por cualquier circunstancia o condición, construyendo una sociedad diversa, inclusiva y sin barreras.

Va siendo hora de dejar de definir la riqueza de una sociedad por el incremento de su P.I.B, que no sirve para medir el verdadero progreso de un país, para empezar a hacerlo en base al desarrollo sostenible, que incluye parámetros de justicia social, equidad económica y respeto medioambiental.