El sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT Extremadura y el sector estatal denuncian posibles incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público en la licitación de los servicios de vigilancia y control para las piscinas municipales e instalaciones deportivas de Mérida
El sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT Extremadura y el sector estatal ha presentado un escrito formal ante la Junta de Contratación del Ayuntamiento de Mérida en el que solicita la revisión y subsanación de los pliegos que regulan la contratación del servicio de vigilancia, seguridad, control de accesos y atención al público en las piscinas municipales e instalaciones deportivas durante la campaña estival.
Desde el sindicato se advierte de que los criterios de adjudicación establecidos en el concurso, cuyo presupuesto asciende a más de 90.000 euros, podrían vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público al otorgar un peso desproporcionado a factores económicos frente a los criterios de calidad exigidos por la normativa vigente para los servicios de seguridad privada.
UGT denuncia especialmente que la licitación concede un 32% de puntuación a la oferta de bolsas de horas gratuitas llegando a concentrar la práctica totalidad de la valoración en aspectos relacionados con el coste. Para la organización sindical, esta fórmula no solo contradice el espíritu de la legislación, sino que fomenta una peligrosa carrera a la baja entre empresas que termina repercutiendo en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector.
“Cuando se premian las horas gratuitas y las ofertas económicas agresivas, se está trasladando el coste real del contrato a las espaldas de la plantilla. La seguridad privada no puede seguir siendo un sector donde se compite a base de precarizar el empleo”.
El sindicato recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público establece expresamente que, en contratos como los de vigilancia y seguridad, los criterios vinculados a la calidad deben representar al menos el 51 % de la puntuación total. Sin embargo, a juicio de FeSMC-UGT, los pliegos publicados por el Ayuntamiento se alejan claramente de este mandato legal.
Además, la organización alerta de que la denominada “bolsa de horas” constituye en realidad un elemento económico encubierto que desvirtúa la valoración de las ofertas y favorece propuestas desproporcionadas o incluso inviables. Según el sindicato, esta práctica puede generar situaciones de competencia desleal, afectar a la calidad del servicio prestado a la ciudadanía y poner en riesgo el cumplimiento de los convenios colectivos.
FeSMC-UGT recuerda igualmente que la doctrina de los tribunales administrativos de contratación viene advirtiendo desde hace años sobre la necesidad de evitar criterios que permitan ofertas a coste cero o mejoras ilimitadas sin una valoración económica real y transparente.
Para la organización sindical, las administraciones públicas deben ser ejemplo de contratación responsable y no convertirse en impulsoras de modelos basados exclusivamente en el abaratamiento de costes.
“La contratación pública debe servir para garantizar servicios de calidad, empleo estable y condiciones laborales dignas, no para alimentar una subasta permanente en la que siempre pierden los trabajadores y trabajadoras”.
Por todo ello, UGT ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Mérida que proceda a la modificación o, en su caso, al desistimiento del procedimiento para adaptar los pliegos a la legalidad vigente, garantizar la transparencia del proceso y proteger tanto los derechos laborales de las plantillas como la calidad del servicio que recibirá la ciudadanía emeritense.
