FeSMC-UGT reclama que se priorice la calidad del servicio frente al precio y que se actualicen los costes salariales conforme al convenio colectivo vigente
El Sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT Galicia junto con el sector estatal, han presentado un escrito dirigido a la Junta de Contratación de la Universidad de A Coruña solicitando la revisión y subsanación de los pliegos del contrato para el servicio de seguridad y vigilancia, servicios auxiliares y mantenimiento de los sistemas de seguridad y conexión a central receptora de alarmas, al considerar que contienen importantes deficiencias que afectan tanto al cumplimiento de la legislación sobre contratación pública como a las condiciones laborales de las personas trabajadoras.
El contrato, con un presupuesto de licitación cercano a los 2 millones de euros, concede un 65 % de la puntuación a la oferta económica, una ponderación que, vulnera lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público para este tipo de servicios intensivos en mano de obra.
La calidad debe prevalecer en los contratos de seguridad
Desde FeSMC-UGT recuerdan que los servicios de vigilancia y seguridad se encuentran incluidos en el Anexo IV de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo artículo 145 establece que los criterios relacionados con la calidad deben representar, al menos, el 51 % de la puntuación en la valoración de las ofertas.
Para el sindicato, priorizar el precio por encima de la calidad supone un riesgo para la correcta prestación de un servicio esencial y favorece modelos de contratación que terminan repercutiendo negativamente tanto en las condiciones laborales de las plantillas como en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
Costes salariales calculados con un convenio ya derogado
Otro de los aspectos denunciados por la organización sindical es que la Universidad de A Coruña ha calculado los costes del personal subrogable utilizando como referencia el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 2023-2026, cuando desde el pasado 8 de abril de 2026 se encuentra plenamente vigente el nuevo Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 2026-2030.
Esta circunstancia provoca que el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato no reflejen los costes laborales reales que deberán asumir las empresas adjudicatarias, pudiendo afectar a los principios de igualdad de trato, transparencia y libre concurrencia que deben presidir toda contratación pública.
UGT reclama la adecuación de los pliegos a la legislación vigente
En su escrito, FeSMC-UGT recuerda igualmente que el artículo 101.2 de la Ley de Contratos del Sector Público obliga a que el valor estimado del contrato tenga en cuenta todos los costes derivados de la normativa laboral vigente, mientras que el artículo 122.2 exige que los pliegos garanticen el cumplimiento de las condiciones salariales establecidas en el convenio colectivo sectorial de aplicación.
Por ello, el sindicato solicita formalmente que el órgano de contratación revise el expediente, actualice los cálculos económicos y modifique los criterios de adjudicación para garantizar el pleno cumplimiento de la legislación en materia de contratación pública y de la normativa laboral vigente.
Reducir costes no puede significar incumplir la Ley de Contratos del Sector Público
FeSMC-UGT advierte además de que, en demasiadas ocasiones, las administraciones públicas centran sus procesos de contratación casi exclusivamente en la reducción del coste económico del servicio, llegando incluso a admitir ofertas que difícilmente pueden cubrir el coste real que supone la prestación de servicios de seguridad privada y servicios auxiliares.
El sindicato recuerda que esta práctica resulta incompatible con el espíritu de la contratación pública socialmente responsable y con la propia Ley de Contratos del Sector Público. En concreto, el artículo 101.2 establece que el cálculo del valor estimado del contrato deberá tener en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de la normativa laboral vigente, los restantes costes que se deriven de la ejecución material de los servicios —como la formación, la uniformidad, los equipos y demás medios materiales necesarios—, así como los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.
Para FeSMC-UGT, cuando las administraciones elaboran presupuestos de licitación que no contemplan todos estos conceptos o adjudican contratos a ofertas económicamente inviables, se fomenta una competencia desleal entre empresas y se pone en riesgo la calidad del servicio, las condiciones laborales de las personas trabajadoras y la correcta ejecución de contratos que afectan directamente a la seguridad de las personas y de las instalaciones públicas. Esta situación, además de contravenir la finalidad de la Ley de Contratos del Sector Público, favorece modelos de contratación basados exclusivamente en el precio, en detrimento de la calidad, la profesionalidad y la estabilidad en el empleo.
«No debemos olvidar que, cuando las ofertas económicas no cubren todos los costes reales de la prestación del servicio, las consecuencias terminan repercutiendo directamente en las personas trabajadoras. Esta situación incrementa el riesgo de que las empresas adjudicatarias tengan dificultades para cumplir correctamente con sus obligaciones laborales, como el abono puntual e íntegro de las nóminas, y, en los casos más graves, puede desembocar en situaciones de insolvencia o incluso en concursos de acreedores al resultar económicamente inviable la ejecución del contrato», Diego Giráldez.
Compromiso con una contratación pública socialmente responsable
FeSMC-UGT reitera que la contratación pública debe convertirse en una herramienta para garantizar servicios de calidad y empleo digno, evitando que el precio sea el elemento determinante en la adjudicación de contratos de seguridad privada.
