El sector estatal de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT ha solicitado a la Junta de Contratación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que garantice el cumplimiento de los requisitos sociales y laborales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público en el concurso para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia de diversas Capitanías Marítimas de la Dirección General de la Marina Mercante.
Esta actuación se enmarca dentro de la campaña que el sector está desarrollando en todo el territorio nacional para promover una Contratación Pública Socialmente Responsable, que sitúe la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos laborales en el centro de los procesos de adjudicación de contratos financiados con recursos públicos.
Desde la organización sindical se recuerda que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece expresamente que las empresas que concurran a licitaciones públicas deben cumplir con sus obligaciones laborales y sociales, incluyendo la obligación de disponer de un Plan de Igualdad cuando así lo exige la normativa vigente. Asimismo, la ley contempla la incorporación de criterios sociales en la adjudicación de contratos, entre ellos la igualdad entre mujeres y hombres, la contratación femenina, la mejora de las condiciones laborales y salariales, la estabilidad en el empleo y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
En la carta remitida por el sindicato a la Administración, solicita expresamente que se requiera a la empresa adjudicataria, GS24 SEGURIDAD SL, la presentación de su Plan de Igualdad, al no constar inscrito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos (REGCON) en la fecha de presentación de la oferta. El sindicato recuerda que la inscripción de dicho plan es obligatoria para las empresas afectadas por la normativa de igualdad y constituye un requisito relevante en materia de contratación pública.
Para FeSMC-UGT, los Planes de Igualdad no deben entenderse como un mero requisito administrativo, sino como herramientas fundamentales para transformar las condiciones laborales en las empresas. Su correcta implantación permite avanzar hacia entornos de trabajo más justos, prevenir situaciones de discriminación, reducir las brechas de género, promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la promoción profesional y favorecer medidas de conciliación que benefician tanto a las trabajadoras como a los trabajadores.
En sectores como la seguridad privada y los servicios auxiliares, donde la prestación de servicios se desarrolla habitualmente mediante turnos, trabajo nocturno y disponibilidad horaria, la negociación e implementación de medidas de conciliación adquiere una importancia estratégica para mejorar la calidad de vida de las plantillas y favorecer la corresponsabilidad familiar.
FeSMC-UGT considera que las Administraciones Públicas tienen la responsabilidad de convertirse en un motor de cambio social mediante el uso de la contratación pública. Por ello, resulta imprescindible que los órganos de contratación no se limiten a valorar exclusivamente criterios económicos, sino que verifiquen el cumplimiento efectivo de las obligaciones laborales y de igualdad por parte de las empresas adjudicatarias.
La organización sindical defiende que cada euro de dinero público destinado a la contratación de servicios debe contribuir también a generar empleo de calidad, reforzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y promover empresas socialmente responsables.
«Las empresas que gestionan servicios públicos financiados con fondos públicos deben ser un ejemplo en el cumplimiento de los derechos laborales y de igualdad. La contratación pública no puede convertirse en una herramienta para competir a costa de los derechos de las personas trabajadoras, sino en un instrumento para impulsar empleo digno, igualdad real y mejores condiciones laborales para toda la plantilla».
