La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, pone fin a 122 puestos de trabajo de veterinarios y auxiliares que en la actualidad prestan servicios en las nueve provincias de la Comunidad Autónoma para la empresa EULEN S.A.
Con la decisión tomada en consejo de Gobierno el pasado 31 de octubre, coloca a toda la plantilla que desde el año 2013 venía prestando el servicio de forma continuada y con contratos de trabajo INDEFINIDOS, ya sean prestados estos de forma fija o discontinua, con la fecha del 30
de noviembre como la de la finalización de todos sus contratos.
La Junta de Castilla y León va a destinar 6,4 millones al Programa para la vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades en la cabaña Ganadera de Castilla y León durante un año, invirtiendo 2 millones anuales más frente a los 4,4 millones anuales anteriores que abonaba
a la empresa contratista a la que ahora por una decisión unilateral de la administración no se la renueva ni se la permite optar a la nueva licitación.
Desde la representación de las personas trabajadoras tenemos claro que no se va a modificar la naturaleza de la actividad que se presta, que existe una clara continuidad en la actividad profesional que se debe realizar antes y después del 30 de noviembre, en nuestra opinión existe
una clara sucesión de actividad.
No obstante la administración toma una decisión sin pensar en esas 122 familias, en que la realización de ese trabajo es su forma de vida, en que el trascurso normal de su vida laboral iba a seguir estando dentro de unos mínimos parámetros de seguridad para afrontar su futuro.
Ahora, esa tranquilidad y esa seguridad se transforman en angustia, en incertidumbre y en la salida de forma casi inmediata del mercado de trabajo.
¿De verdad que la administración a la hora de tomar ciertas decisiones no valora las consecuencias sobre las vidas de las personas trabajadoras?
La actual empresa concesionaria del servicio, al recibir la noticia de la no continuidad ya ha iniciado los contactos con la representación de las personas trabajadoras para negociar un Expediente de Regulación de empleo con afectación para toda la plantilla debido a que el 1 de
diciembre no tendrá actividad y no podrá dar una ocupación efectiva a los trabajadores y trabajadoras.
Ante todos estos acontecimientos, La Junta de Castilla y León asiste como mero espectador de forma impasible a los cambios negativos que los mismos traerán a las personas trabajadoras: desempleo, estrés, pérdida de calidad de vida…
Y no conforme con eso en paralelo encarga a un medio propio de la administración, al grupo Tragsa, que haga una selección de Veterinarios para que sigan prestando el mismo servicio, personas trabajadoras negociando por un lado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y
en paralelo acudiendo a un proceso de selección para realizar una actividad que ya venían realizando y que se tiene que seguir prestando.
Desde las Organizaciones Sindicales de clase apoyamos todas las acciones que se inicien desde
la plantilla y desde sus representantes sindicales.
Apoyamos la convocatoria de huelga para los días 21,22, 23, 28, 29 y 30 y cualquier otro acto
reivindicativo y de protesta.
Entendemos que desde la Unidad de acción y desde la Unión de la plantilla se puede revertir esta injusta situación, que no presenta a priori ninguna justificación laboral y que solo nace de una injusta decisión de una administración que este caso concreto nos muestra su cara mas dura e inhumana.
