Unas adjudicaciones de seguridad privada con precios de licitación cada vez más bajos está deteriorando la propia calidad de los servicios de seguridad celebrados por las administraciones públicas y poniendo en riesgo el mantenimiento del empleo de los vigilantes de seguridad dispuestos en este tipo de contratos de carácter público.

Cada vez con mayor asiduidad un número importante de licitaciones y adjudicaciones de seguridad privada realizadas por las distintas administraciones no contempla lo dispuesto en el artículo 101.2 de la Ley de Contratos del Sector Público donde se establece la necesidad de incorporar los costes salariales, costes estructurales y beneficio industrial en el apartado económico del pliego de condiciones y en su posterior adjudicación.

Esta situación entre otros aspectos vinculados directamente a la competencia desleal instaurada por determinadas empresas en el sector de seguridad privada, conlleva continuas adjudicaciones de servicios a bajo precio que inciden directamente en las condiciones laborales de los vigilantes adscritos a este tipo de servicios y a su vez pone en riesgo la estabilidad en el empleo de un número importante de vigilantes de seguridad.

UGT vuelve a insistir en que durante los últimos años un número importante de empresas de seguridad privada han presentado concursos voluntarios abandonando el sector sin ningún tipo de responsabilidad y dejando a miles de personas trabajadoras primero sin abonar sus nóminas y posteriormente en el desempleo. Este tipo de empresas han dejado además importantes deudas en hacienda y seguridad social siendo curiosamente las empresas que más número de contratos públicos han obtenido durante su permanencia en el sector.

UGT vuelve a instar al Gobierno en la necesidad de revisar un modelo de contratación pública de servicios de seguridad privada que lejos de garantizar la necesaria calidad durante la vigencia del contrato así como ser garante de mantener las condiciones laborales plasmadas en la negociación colectiva, son en la actualidad un elemento de desregulación de condiciones para las personas trabajadoras, generan desempleo en el sector y a su vez, contribuyen y facilitan a determinadas empresas potenciar un modelo poco favorable para el conjunto de personas trabajadoras.