El sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT reclama que las licitaciones públicas recojan las condiciones laborales correspondientes a 2026 y las actualizaciones derivadas de la subida del SMI
La campaña «Ahora toca cumplir», impulsada por el sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT, continúa avanzando con el objetivo de garantizar que las Administraciones Públicas incorporen y respeten en sus procesos de contratación las condiciones laborales establecidas para los trabajadores y trabajadoras de servicios auxiliares.
Desde FeSMC-UGT se está realizando un seguimiento de las licitaciones públicas en las que se solicitan servicios de información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones, trasladando a los correspondientes órganos de contratación la existencia de un Convenio Colectivo Estatal que regula específicamente estas actividades y establece las condiciones laborales que deben ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos y pliegos de contratación.
En este sentido, FeSMC-UGT reclama que las licitaciones contemplen las condiciones económicas y laborales vigentes para el año 2026 y la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) evitando que los contratos públicos se calculen sobre tablas salariales o costes laborales desactualizados.
Tres nuevos concursos detectados durante el mes de agosto
Durante el mes de agosto, la campaña «Ahora toca cumplir» ha permitido detectar y comunicar esta cuestión en, al menos, tres procesos de contratación:
- Junta de Contratación del Consejo de Administración de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.
- Junta de Contratación de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.
- Junta de Contratación de la Fundación IMDEA Networks.
La contratación pública también tiene responsabilidad laboral
Para FeSMC-UGT, las Administraciones Públicas deben asumir un papel activo en la defensa de una contratación pública socialmente responsable. Cuando una Administración licita un servicio auxiliar debe conocer qué actividad está contratando, qué convenio colectivo resulta de aplicación y cuáles son las condiciones económicas y laborales que deben garantizarse durante la ejecución del contrato.
El sindicato considera especialmente importante que los presupuestos de licitación no nazcan ya desfasados, porque cuando una Administración calcula el coste de un servicio sin tener en cuenta las condiciones laborales reales y sus posteriores actualizaciones, el problema termina trasladándose a los trabajadores y trabajadoras.
Respetar el convenio colectivo significa también respetar sus tablas salariales, sus condiciones laborales y las actualizaciones que legalmente correspondan. Y significa que los contratos públicos deben estar dotados económicamente de los recursos necesarios para poder cumplirlas.
Porque detrás de cada contrato público hay trabajadores y trabajadoras, y garantizar unas condiciones laborales dignas también es responsabilidad de quien contrata.
Ahora toca cumplir.
Imagen generada con IA.
