Tras meses de intentos para reconducir el proceso negociador, UGT se ha visto obligada a interponer nuevamente una demanda ante la Audiencia Nacional por vulneración de derechos, debido al reiterado incumplimiento de la empresa en la revisión del Plan de Igualdad.
Esta decisión responde a un bloqueo prolongado del proceso, motivado principalmente por las dilaciones injustificadas en la negociación, así como por la falta de transparencia de la empresa. En concreto, no se ha facilitado información imprescindible para realizar un diagnóstico real de la situación de igualdad, como los datos retributivos de la plantilla o la valoración de los puestos de trabajo. Estos datos son esenciales para detectar posibles brechas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Durante todo el año 2025 y lo que llevamos de 2026, la empresa prácticamente no ha aportado documentación ni información relevante, lo que ha dejado la revisión del Plan de Igualdad completamente paralizada. Además, el plan actualmente en vigor carece de un seguimiento adecuado, situándose en una situación de incertidumbre.
Cabe recordar que esta no es una situación nueva. En el pasado, UGT ya tuvo que recurrir a la vía judicial en circunstancias similares, lo que derivó en una importante sanción económica para la empresa. Las similitudes entre aquel escenario y el actual son evidentes.
A lo largo de este proceso se han realizado diversos intentos de conciliación ante los organismos correspondientes, así como actuaciones en la Audiencia Nacional, promovidas por las organizaciones sindicales. Ante la falta de avances, UGT, junto con CCOO, decidió interponer la correspondiente demanda para defender el derecho de la plantilla a un Plan de Igualdad real y efectivo.
El pasado 17 de marzo se celebró la vista en la Audiencia Nacional, donde quedaron claramente expuestos los incumplimientos de la empresa. En el acto de conciliación previo, el juez llegó a proponer una sanción de 3.000 euros diarios, ante lo que la parte social, considerando el riesgo de incumplimiento, optó por continuar con el procedimiento judicial.
El objetivo de UGT es claro: garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de igualdad y desbloquear la negociación de un Plan de Igualdad transparente, real y eficaz, así como asegurar la correcta implantación del plan vigente.
El procedimiento queda visto para sentencia.
