Las más de 3.000 personas trabajadoras dedicadas a la limpieza de edificios y locales están en el cuarto día de huelga por el bloqueo de la renovación del convenio colectivo provincial, caducado desde el 31 de diciembre de 2017.
Desde el lunes 16 de enero, y convocada por los sindicatos CCOO y UGT, se desarrolla en la provincia de Huesca una huelga indefinida en este sector de actividad, altamente feminizado, con una grandísima tasa de trabajo a tiempo parcial, de pluriempleo precario, y un sector en el que trabajar a tiempo completo no garantiza cobrar el Salario Mínimo Interprofesional.
Las asociaciones empresariales ASPEL, en la que se asocian las empresas de implantación estatal, muchas de ellas pertenecientes a grupos del sector de la construcción, y AFELIN, en la que se asocian las empresas locales, han deteriorado deliberadamente las condiciones de trabajo del sector y convertido la negociación del convenio colectivo en un estercolero.
Las empresas de limpieza están reaccionando con virulencia ante las sucesivas e importantes subidas del Salario Mínimo Interprofesional operadas en España en los últimos años, subidas que han alcanzado los salarios de este convenio colectivo.
La actual política empresarial, tan indecente como ilegal, lleva a que una trabajadora de la limpieza en Huesca no cobre ni siquiera el Salario Mínimo Interprofesional, una situación sin igual en todo el país.
Por si el colectivo trabajador tuviera poco con quiénes los emplean, alguna administración pública ha comparecido para comprometer gravemente el ejercicio de un derecho constitucional y fundamental, el derecho de huelga.
El 16 de enero se publicaron en el BOA dos Órdenes de servicios mínimos que, a juicio de UGT, contravienen la Jurisprudencia existente en materia de servicios mínimos en la limpieza, y que pervierten el sentido de ‘servicio esencial para la comunidad’ con intención de hacerlo funcional al fracaso de la huelga.
Además, la administración que los han impuesto, el Gobierno de Aragón, en un gesto de claro desprecio al hecho sindical y al derecho de huelga, ha omitido deliberadamente el preceptivo y obligatorio trámite de audiencia previa al Comité de Huelga antes de dictar servicios mínimos.
Por si los servicios mínimos fueran pocos, el Ayuntamiento de Huesca, por medio del Decreto Nº 141/2023, y aludiendo a un Real Decreto preconstitucional, el RDL 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, que en absoluto puede esgrimirse por ninguna empresa o administración pública en una huelga como esta, ha venido a ampliar los servicios mínimos obligando a más huelguistas a incorporarse al trabajo, incluso en la limpieza de unas instalaciones deportivas que, a día de hoy, y por efecto del amplio seguimiento de la huelga, deberían estar cerradas.
Asimismo, este Decreto municipal, sorprendentemente y de forma innecesaria, corrige y amplía la ORDEN EPE76/2023, de 12 de enero, del Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón en materia de servicios mínimos.
UGT entiende que las administraciones públicas, principales clientes de las empresas de limpieza en la provincia de Huesca, deberían estar más centradas en poner el foco en los que han provocado esta huelga, los codiciosos empresarios del sector de la limpieza, en vez de centrarse en cómo conseguir que el amplio seguimiento de la huelga no pase a algunos facturas políticas.
UGT espera que las buenas palabras, en el caso de una de las administraciones palabras contradichas de momento por los hechos, y la empatía mostrada hacia el colectivo trabajador de la limpieza por parte de la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de la capital, y su voluntad de trabajar de alguna forma en solucionar el conflicto laboral, puedan ayudar a embridar a los empresarios del sector.
El éxito de la huelga y la determinación mostradas por las personas trabajadoras están haciendo el resto.
