Una solución salarial autonómica satisfactoria, cercana al 17% para 2023-2024, lleva al curso de la negociación a los convenios provinciales.

Todo lo ocurrido se podría resumir en dos líneas, pero la tensión en el sector y las incontables horas de negociación hacen que un relato cronológico aporte mayor compresión que un simple titular.

La suspensión de las jornadas de huelga de los días 27 y 28 de abril se habían conseguido mediante un pacto de subida salarial del 12,2% para el año 2023, que salvaba los incrementos de IPC de los años 2021 y 2022. El acuerdo, como bien reflejaba el acta redactada por el mediador en el Consello Galego de Relacións Laborais, estaba condicionado a un acuerdo final entre las partes. Ni estaba consolidado, ni decía ni más ni menos de lo que decía.

Con este escenario se retoman el pasado jueves 4 la negociaciones y, tras más de 10 horas de negociación, y aunque las partes trataron de buscar múltiples soluciones, el resultado es de rotura absoluta de la mesa. El lunes 8 la huelga se reactivaría con carácter indefinido.

Tras varios movimientos por ambas partes durante la reunión, las propuestas finales habían quedado encima de la mesa.

La propuesta final y conjunta de la parte social seguía el curso de lo acordado; 2023 con subida del 12,2% (8% inmediato y 4,2% en diciembre, ambos con efectos retroactivos a 1 de enero) y para 2024 el IPC real de 2023. Aparte, dos reivindicaciones no económicas como son un mínimo de 2 horas de jornada diaria para personal acompañante de transporte escolar y establecer un mínimo de 7 días para conocer los cuadrantes de servicio. Esto quedó encima de la mesa. Ni más, ni menos.

La parte patronal, jugando con lo escrito en su día, planteaba un escenario de recuperación del poder adquisitivo del 12,2%, como habíamos firmado, pero en 3 años. Un 7% para 2023, un 6% para 2024 y un 2% para 2025. Un total del 15% de subida en 3 años.

El viernes 5 tuvieron lugar asambleas informativas en las 7 principales ciudades gallegas (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo y Ferrol), y en ellas se trasladó el estado de la negociación. No cabía más interpretación que algo tan simple como lo enunciado en los párrafos anteriores. No había ni subidas del 50%, ni atrasos para años anteriores, ni una reducción de jornada anual, etc. Todo era tan simple como lo aquí escrito. Como simple era lo acordado como condición a la suspensión de las jornadas de los días 27 y 28, tan simple como una subida salarial de 12,2% a aplicar en 2023. Nada más estaba acordado hacia atrás (atrasos), ni hacia adelante. Solo eso.

Finalmente, la patronal, a última hora de la noche del viernes, acepta la propuesta sindical y el sábado día 6, tras casi 4 horas de reunión se llega a un acuerdo final a ratificar en asambleas.

El acuerdo es claro aunque no completo, pues la propuesta sindical es aceptada, pero incompleta (como refleja el acta final), pues falta el mínimo de 2 horas de jornada para acompañantes y el mínimo de 7 días para conocer los cuadrantes, y se decide aparcar para la negociación en los convenios provinciales estos dos asuntos y otros que existen en cada plataforma provincial. No falta nada más, ni nada menos. Así pues, la parte económica definitiva planteada el jueves a última hora en la mesa por UGT, CCOO y CIG, fue satisfecha al 100%. Se incluye una especial salvaguarda de los períodos de 2018 a 2020 para el caso de Lugo, cuya subida se negociará en el convenio provincial a mayores de la subida general aquí expresada.

Las asambleas en las siete ciudades gallegas celebradas en sábado noche ratifican el acuerdo con un resultado muy ajustado. Si 51,83%, No 44,98% y Abstenciones 6,95%.

Es evidente que hablando de un mismo sector, cuyas personas trabajadoras interactúan diariamente entre las 7 ciudades gallegas, el resultado debería ser similar en cada una de las asambleas y no es así. En unas el SI tuvo el 90% de los votos (Santiago) y en otras el NO llegó al 88% (Pontevedra). El clima de cada asamblea y el hecho de votar a mano alzada repercute mucho en los resultados finales pero el traslado de una información viciada durante estas dos últimas semanas frenéticas ha producido estas diferencias tan significativas. Debemos hacer autocrítica para que, ganase el SI o el NO, todas las personas trabajadoras del sector tengan la misma información y no una diferente con ambiente localista. Dicho de otra manera y con matices, decir lo que cada asamblea quería escuchar no ayuda a que el sector vote en consecuencia.

La realidad de cada provincia y sus convenios son muy diferentes. A Coruña, teniendo en cuenta que el año 2021 había tenido subida salarial 0% (porque el convenio no fue denunciado y entró en ultravigencia), salva los muebles con esta actualización del IPC pues el año 2021 no entraba en la negociación por muchas vueltas que se le de y, en todo caso, sería un lastre para años sucesivos. El convenio estaba estancado desde hacía varias semanas con propuestas de cada parte tan alejadas como el 0,8 la parte patronal y el IPC+1 punto la parte social. A buen seguro que una subida de 12,2% para 2023 y en torno al 4,5% para 2024, hubiera servido para alcanzar un acuerdo. El mismo escenario tendríamos en las otras provincias gallegas.

A mitad de 2023, con un acuerdo económico corto, hasta 2024, y con los convenios con otras propuestas de mejora a negociar en las distintas mesas provinciales, incluso mejoras económicas más allá de 2024, el acuerdo alcanzado es bueno, por lo que deja un mal sabor de boca la división mostrada en las asambleas, que se vieron avivadas el aliento de la huelga y no estaban preparadas para el frenazo de un acuerdo tan positivo que al final firmamos las tres organizaciones sindicales de Galicia y ratificado por una mayoría asamblearia soberana.

Una nómina de una persona trabajadora conductora-perceptora, por ejemplo en A Coruña, que en término medio tiene 14 años de antigüedad, tendrá una subida anual de casi 3.000.-€ brutos, que suponiendo un IPC de 2023 en torno al 4,5%, se incrementará en 2024 en otros casi 1.200€. Es decir, de lo que percibe actualmente, verá que en 2024 el incremento será de más de 4.000 euros anuales. Quien no haga percepciones será un poco inferior, y quien tenga 19 o más años de antigüedad, verá mucho más incremento. Aparte, dietas e interrupciones de jornada, no computadas en los cálculos.

UGT ha negociado como siempre, imponiendo la máxima presión y hasta el límite de lo que se pudo alcanzar. Se ha sometido el acuerdo a las asambleas para que el sector decidiera aumentar la presión con jornadas de huelga o aceptar la subida salarial alcanzada. Las trabajadoras y trabajadores del sector han decidido lo segundo.