La intervención de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el pasado miércoles, 27 de mayo, en el Congreso de los Diputados sobre los coeficientes reductores para la jubilación anticipada de los conductores profesionales de transporte por carretera no aporta ninguna certeza al sector ni modifica en absoluto el escenario de conflicto abierto que ha llevado a FeSMC-UGT a convocar huelga indefinida en el mes de junio.
La ministra respondió en sede parlamentaria a una pregunta formulada por la diputada de ERC Inés Granollers, quien trasladó públicamente la preocupación existente en el sector ante el posible silencio administrativo de los expedientes presentados para solicitar el reconocimiento de la jubilación anticipada al citado colectivo profesional.
Generalidades e inconcreción
Más allá de declaraciones genéricas y de un relato burocrático del procedimiento administrativo, la realidad sigue siendo exactamente la misma. Es decir, UGT sigue sin recibir una sola notificación formal del Ministerio sobre el estado real de los expedientes registrados para el reconocimiento de coeficientes reductores en el transporte de viajeros y mercancías por carretera.
La ministra afirmó durante su intervención que las solicitudes fueron admitidas a trámite el pasado 9 de febrero y confirmó que los expedientes “siguen tramitándose”. Sin embargo, esas afirmaciones omiten deliberadamente una cuestión esencial, y es que los expedientes fueron entregados y registrados oficialmente por parte de UGT el 10 de octubre de 2025 en el caso del transporte de viajeros y el 20 de octubre de 2025 en el transporte de mercancías.
Por tanto, los plazos administrativos empiezan a computarse desde esas fechas y no desde febrero de 2026, como pretende trasladar ahora el Ministerio. UGT quiere dejar claro que el sector no va a aceptar reinterpretaciones interesadas de los plazos legales para justificar retrasos injustificables.
Silencio administrativo
Conviene recordar que el artículo 22 del Real Decreto 402/2025 establece expresamente que, transcurrido el plazo máximo de seis meses sin resolución expresa por parte de la Administración, la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio administrativo. En concreto, el artículo 22.1 fija ese plazo máximo de resolución, mientras que el artículo 22.2 determina los efectos administrativos derivados de la ausencia de respuesta. Para este Sindicato, los seis meses legalmente previstos para resolver estos expedientes ya han transcurrido sobradamente sin resolución expresa ni comunicación oficial alguna por parte del Ministerio.
A día de hoy, más de siete meses después de la presentación de las solicitudes, el Ministerio sigue sin concretar en qué situación exacta se encuentran los expedientes, cuándo finalizarán los informes técnicos pendientes ni cuándo piensa resolver definitivamente esta cuestión. La propia ministra evitó ofrecer cualquier calendario concreto durante su intervención parlamentaria. Todo sigue instalado en la indefinición permanente.
Resulta especialmente grave que el Ministerio siga escudándose en argumentos técnicos o en supuestas dificultades administrativas mientras miles de conductores profesionales continúan trabajando en condiciones físicas cada vez más incompatibles con la edad a la que se les obliga a permanecer al volante.
En las reuniones periódicas de diálogo social en las que participan representantes de UGT junto a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, las únicas respuestas que recibe el sindicato se reducen sistemáticamente a frases ambiguas como “estamos en ello” o “tenemos carencias de personal”. Explicaciones claramente insuficientes para un asunto que afecta directamente a la salud laboral, la seguridad vial y el futuro profesional de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras.
Se mantiene la convocatoria de huelga
Además, UGT ha solicitado reuniones técnicas específicas para abordar esta cuestión —tanto respecto a conductores profesionales como a otros colectivos en situación análoga— sin haber obtenido tampoco respuesta alguna por parte del Ministerio.
Frente a este escenario de opacidad, indefinición y ausencia de interlocución real, FeSMC-UGT mantiene la convocatoria de huelga indefinida en el mes de junio.
Lo que está ocurriendo ya no puede considerarse únicamente un retraso administrativo. Estamos ante una falta evidente de voluntad política para afrontar con seriedad una reivindicación histórica del sector.
La conducción profesional por carretera es una actividad sometida a elevados niveles de fatiga física y psicológica acumulada durante décadas. Hablamos de trabajadores y trabajadoras que manejan vehículos pesados transportando viajeros y mercancías durante jornadas extremadamente exigentes, muchas veces con edades incompatibles con las condiciones que exige la profesión.
UGT seguirá apostando por el diálogo y por la negociación, como ha hecho siempre. Pero dialogar exige transparencia, interlocución real y voluntad de resolver. Y nada de eso está ocurriendo actualmente.
