Hoy, 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, FeSMC-UGT se alinea con los objetivos planteados para la conmemoración de este día, que no son otros que la erradicación de la pobreza, la promoción del pleno empleo en condiciones dignas y la lucha por la igualdad y el bienestar de la ciudadanía para alcanzar un verdadero Estado del Bienestar para todos y todas. Por eso, queremos, aprovechar esta fecha para analizar los datos económicos de nuestro país, datos que lanza el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral y que nos indican la información referente al último trimestre de 2024.
En ellos vemos que la economía española va en crecimiento, concretamente en un 0,8% en el último trimestre, con un incremento del PIB que ha conllevado también un crecimiento del empleo en el 2024 (2,2% según la EPA).
Con respecto a este punto es necesario valorar distintos aspectos como pueden ser la bajada de tipos de interés al 3% y la leve moderación de los precios. Pero, sobre todo, hay que valorar la firma del V AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) que ha dado estabilidad a los salarios y al incremento de los mismos.
El 25.8% de la población residente en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social
Sin embargo, estos datos, que vienen a demostrar una satisfactoria salud económica de nuestro país, chocan frontalmente con los que nos ofrece el INE como datos definitivos en la ECV (Encuesta de Condiciones de Vida). La realidad es que el despegue la economía nacional no se traslada a un número muy importante de hogares en este país.
Según la tasa de AROPE –porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social– es del 25,8% de la población residente es España.
El porcentaje de población que se encontraba en situación de carencia material y social severa se sitúa el 8,3%. El 9,1% de la población llegó a fin de mes con “mucha dificultad” y aunque estos datos son ligeramente mejores que los del año anterior, son, definitivamente, la prueba para constatar que es necesario un cambio en el modelo económico de nuestro país, que se encamine a una distribución justa de la riqueza.
Es evidente que esto pasa por un cambio en el modelo productivo, invirtiendo en los distintos sectores de alto valor añadido, donde generar empleo de mayor calidad, y en la indiscutible mejora en las condiciones laborales y salariales del sector servicios, con el objetivo de tener un mercado laboral sostenible, justo y equitativo.
Es necesario un reordenamiento del sistema impositivo para que aporten más los que más tienen
Se hace necesario, por un lado, fortalecer la negociación colectiva y seguir garantizando la estabilidad del empleo, así como las subidas salariales, y, por otro, un reordenamiento del sistema impositivo para que aporten más los que más tienen.
Además, garantizar la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía pasa por:
- Fortalecer el sistema de protección, pensiones, prestaciones por desempleo y prestaciones sociales.
- Fortalecer los servicios públicos, garantizando el acceso de toda la ciudadanía, porque la igualdad empieza por el acceso a la escuela, a la sanidad y sus centros de salud, a los servicios de orientación para el empleo del SEPE…
- Cerrar las brechas de género, fundamentalmente, del mercado de trabajo, porque la pobreza tiene rostro de mujer y viene marcado fundamentalmente por la situación de desigualdad que se produce tanto en el acceso al empleo como en su mantenimiento en el mismo.
En definitiva, es necesario un sistema económico sostenible que tenga una visión global de la riqueza, que no es más que el conjunto de elementos materiales, sociales, culturales y naturales, y de su reparto, que permita a todos los ciudadanos y ciudadanas una vida diga con igualdad de oportunidades. Porque ya va siendo hora de dejar de medir el desarrollo de un país o una región en términos de PIB, y se empiece a medir el verdadero crecimiento con parámetros de calidad de vida de su ciudadanía, de sostenibilidad, del sistema y de justicia social.
