Desconozco si hoy en día las nuevas generaciones de padres y madres siguen dando la “paga” a sus hijos pequeños. Esta costumbre, asentada durante décadas entre los padres y madres españoles, me sirve para ejemplificar, de forma muy general y salvando todas las distancias, sobre el problema que tienen muchos empresarios, empresarias y personas trabajadoras cuyas entidades privadas contratan con la Administración pública en sectores como limpieza, seguridad privada, contact center o contratas ferroviarias, entre otros.
Pongamos un ejemplo…
Imaginemos que una niña o un niño recibe dos euros los domingos como reconocimiento (económico) cuando cumple con sus responsabilidades: ha hecho los deberes durante la semana, ha ayudado en casa, haciendo su cama el fin de semana, bajando la basura y colaborando en recoger la mesa tras la cena; además, se ha ido a la cama a la hora convenida, y sin protestar. Ese hijo, esa hija, invierten sus dos euros en comprar dos sobres de cromos de la colección de moda entre los chavales (a euro por sobre). Y como en el sobre vienen seis cromos, el niño le regala dos de ellos a su hermanita pequeña, la cual le ayuda a él, ocasionalmente y de manera casi simbólica, en esas tareas que van despertando el sentido de la responsabilidad en los peques.
Pero un domingo, sin saber muy bien por qué, el kiosquero le dice al niño que los sobres han subido de precio y ahora están a 1,10 euros y no a un euro, como venían costando. El niño, sorprendido, mira a su padre, quien se encoge de hombros al tiempo que dice: “Es lo que hay, cariño”. Con dos euros, sólo puede comprar un sobre porque no le da para pagar los 2,20 euros que cuestan ambos sobres. Además, por el recorte en el número de cromos ya no le regala dos de ellos a su hermanita, sólo uno. Y ante esta nueva situación, empieza a realizar algunas tareas con cierta desgana, con desmotivación. Un día, el niño le pregunta a su padre: “Papá, si los sobres de cromos han subido de precio, ¿podrías subirme un poco la paga para poder seguir comprándome dos sobres?”. Y el padre, con gesto de cariño y una sonrisa en el rostro, le responde: “No hijo. Es verdad que los sobres cuestan más, y todo en general, pero en esta historia yo soy el Estado, tú una empresa y tu hermanita la trabajadora. Y como Estado, puedo acogerme a una ley para no incrementar tu paga, a pesar de la subida de precios generalizada. ¿Has oído hablar de la Ley de desindexación de la economía? ¿No, verdad?”.
Ley de desindexación de la economía española
Esta historia con final surrealista refleja lo que está sucediendo en muchas empresas que prestan servicios al Estado y que no han podido actualizar los precios de sus servicios en los últimos años –durante la vigencia del contrato–, a pesar del brutal incremento de costes a causa de la crisis inflacionaria que lo ha encarecido todo en nuestro país. Y el cliente de estas empresas, que es el Estado, lo impide agarrándose a un instrumento legal llamado “Ley de desindexación de la economía española”. La situación genera, a su vez, un impacto en los trabajadores y las trabajadoras de estas empresas y sectores porque no acceden a mejorar salarios en la negociación colectiva a pesar de la reivindicación sindical, y el argumento utilizado por las empresas es obvio: “La Administración pública no nos permite repercutir precios y nuestro margen se reduce”. Y aquellas que sí acceden a incrementos salariales terminan, en determinados casos, muy tensionadas económicamente, lo que les lleva a no renovar contrato porque no les sale a cuenta. Entonces, otras empresas que no cumplen con la negociación colectiva, que se mueven en los márgenes de la legalidad y que precarizan empleo y servicios para competir en precios, terminan haciéndose con esos contratos. Y el Estado, que debería ser ejemplo de buenas prácticas, se sitúa como promotor del dumping social, de la competencia desleal y de la precarización del empleo. El mundo al revés.
UGT toma la iniciativa
Por ello, nuestra Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT tiene entre sus objetivos para este año 2025 iniciar una campaña de acciones institucionales y de comunicación, en la que ya estamos trabajando, cuyo objetivo no es otro que promover la derogación –o profunda modificación– de la “Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la economía española” y de su correspondiente referencia en la Ley de contratos del sector público. Los profesionales del sector servicios cuyas empresas contratan con el Estado no pueden seguir, ni un día más, en inferioridad de condiciones respecto al resto de profesionales del sector privado. Y el Estado, a su vez, debe ser el principal exponente de buenas prácticas y favorecer que sean empresas solventes, serias y que cumplen con la normativa laboral y respetan el diálogo social y las relaciones laborales las que presten servicios de calidad a la Administración pública.
