La empresa pública Enresa desiste de la licitación al reconocer que los criterios denunciados por el sindicato incumplían la Ley de Contratos del Sector Público.
El Sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT Madrid, en coordinación con el Sector Estatal, ha conseguido que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) retire el procedimiento de contratación del servicio de vigilancia y seguridad física de su sede social en Madrid, tras reconocer la validez de las alegaciones presentadas por la organización sindical.
La decisión de desistir del procedimiento, adoptada por el órgano de contratación de Enresa, supone un importante respaldo a la labor de defensa de la legalidad que desarrolla FeSMC-UGT en el sector de la seguridad privada y servicios auxiliares y evidencia la necesidad de garantizar que las administraciones y empresas públicas respeten escrupulosamente la normativa vigente en materia de contratación.
Enresa reconoce los argumentos de UGT
El pasado 27 de abril de 2026, FeSMC-UGT presentó un escrito formal cuestionando la consideración como criterio cualitativo de la denominada «bolsa de horas adicionales para toda la ejecución del contrato sin coste adicional», incluida en los pliegos de la licitación del expediente CO-SV-26-003.
Tras analizar la reclamación sindical, Enresa reconoce expresamente en su acuerdo de desistimiento que la argumentación presentada por FeSMC-UGT encuentra respaldo en diversas resoluciones de los tribunales administrativos de contratación, entre ellas la Resolución 282/2025 del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público y la Resolución 530/2020 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
La empresa pública concluye que dicho criterio no puede ser considerado un criterio de calidad y admite que, en consecuencia, la ponderación establecida en los pliegos incumplía las exigencias previstas en el artículo 145 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público para los contratos de servicios de seguridad.
Defensa de la calidad frente a las bajas económicas encubiertas
Desde FeSMC-UGT se denunció que el sistema de valoración otorgaba 49 puntos a la oferta económica y otros 10 puntos a la denominada bolsa de horas gratuitas, alcanzando un total de 59 puntos vinculados a aspectos económicos.
Esta distribución dejaba por debajo del mínimo legal la valoración de los criterios de calidad, cuando la legislación establece que, en los servicios incluidos en el Anexo IV de la Ley de Contratos del Sector Público —entre ellos la seguridad privada—, los criterios relacionados con la calidad deben representar al menos el 51% de la puntuación total.
Asimismo, el sindicato alertó de que la exigencia de horas adicionales sin contraprestación económica podía generar riesgos para las condiciones laborales de las personas trabajadoras y favorecer prácticas incompatibles con el cumplimiento de los convenios colectivos del sector.
Una actuación sindical eficaz que protege el empleo y la contratación pública socialmente responsable
El acuerdo adoptado por Enresa señala que la irregularidad detectada constituye una infracción no subsanable en la fase en la que se encontraba la licitación, motivo por el cual la empresa ha optado por desistir íntegramente del procedimiento conforme al artículo 152 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Para FeSMC-UGT, esta resolución demuestra la importancia de la acción sindical en la supervisión de las licitaciones públicas y en la defensa de un modelo de contratación que priorice la calidad del servicio, la profesionalidad de los vigilantes de seguridad y el respeto a las condiciones laborales del sector.
El sindicato valora muy positivamente que Enresa haya atendido las observaciones formuladas y rectificado una situación que podría haber vulnerado los principios que inspiran la contratación pública responsable.
FeSMC-UGT seguirá vigilante
Desde FeSMC-UGT se continuará trabajando para garantizar que todas las licitaciones públicas del sector respeten la legislación vigente, eviten fórmulas que fomenten la precarización laboral y sitúen la calidad del servicio y la protección de las personas trabajadoras en el centro de los procesos de contratación.
La retirada de este concurso constituye un precedente relevante y una demostración de que la intervención sindical rigurosa y fundamentada puede corregir actuaciones contrarias a la normativa y contribuir a mejorar la contratación pública en el ámbito de la seguridad privada.
