El Sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT Extremadura, junto con el sector estatal, han denunciado ante el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata graves irregularidades en el pliego del contrato para el servicio de vigilancia de la piscina municipal de verano 2026, alertando de que el modelo planteado supone, en la práctica, una “subasta a la baja” que vulnera la legislación vigente.
El procedimiento de adjudicación otorga el 100% de la puntuación al criterio económico, eliminando por completo cualquier valoración relacionada con la calidad del servicio. Una circunstancia que contraviene directamente lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que obliga a que los criterios de calidad representen al menos el 51% en este tipo de servicios .
Desde FeSMC-UGT subrayan que el contrato, con un presupuesto base de 12.396,7 euros, se enmarca dentro del ámbito de los servicios de vigilancia (CPV 79714000), incluidos expresamente en el Anexo IV de la normativa, donde la calidad no es opcional, sino obligatoria .
Un modelo que precariza el empleo
UGT advierte de que este tipo de licitaciones, basadas exclusivamente en el precio, fomentan una competencia desleal entre empresas que termina repercutiendo directamente en las personas trabajadoras. Y es que, en los servicios de seguridad privada aproximadamente el 85% del coste total corresponde a gastos de personal.
Esto implica que cuando una empresa reduce de forma significativa el precio para ganar una adjudicación, el margen de ajuste es prácticamente inexistente en otros ámbitos. En consecuencia, la única vía real para sostener esas ofertas a la baja pasa, a menudo, por recortar salarios, empeorar condiciones laborales o reducir recursos humanos, impactando de lleno en la dignidad laboral y en la estabilidad del empleo.
“Cuando se elimina la calidad de la ecuación, el único margen de ajuste es el coste laboral. La seguridad no puede gestionarse como si fuera un producto de saldo».
Este modelo de adjudicación, cada vez más extendido, convierte los concursos públicos en auténticas subastas donde gana la empresa que más abarata el servicio, independientemente de aspectos clave como la formación del personal, la experiencia, los medios materiales o el cumplimiento de condiciones laborales dignas.
Riesgos para la seguridad y el servicio público
El sindicato alerta de que esta deriva no solo afecta a las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad, sino que pone en riesgo la propia prestación del servicio.
La eliminación de criterios técnicos y sociales impide valorar factores esenciales en un servicio sensible como la vigilancia, especialmente en espacios públicos con alta afluencia como instalaciones municipales de verano.
Exigencia de rectificación inmediata
Ante esta situación, FeSMC-UGT ha solicitado formalmente al Ayuntamiento la revisión y subsanación de los pliegos para adaptarlos a la legalidad vigente, incorporando criterios de calidad tal y como exige la normativa.
El sindicato insiste en que no se trata de un caso aislado, sino de una tendencia preocupante en la contratación pública que está degradando progresivamente el sector de la seguridad privada.
“Si las administraciones públicas siguen apostando por el precio como único criterio, estarán legitimando un modelo basado en la precariedad y debilitando la calidad de los servicios esenciales”.
