El Sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT Extremadura junto con el sector estatal han alzado la voz ante lo que consideran un nuevo ejemplo de precarización en la contratación pública.
El sindicato ha denunciado ante la Junta de Contratación de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda las condiciones del concurso para el servicio de seguridad y vigilancia de la ITV provisional en la Plataforma Logística del Suroeste de Badajoz.
Con un presupuesto base de 42.630,85 euros (sin IVA), el pliego del contrato otorga un 90% del peso a la oferta económica, una decisión que, “empuja a las empresas a competir a la baja a costa de los derechos laborales y la calidad del servicio”. Para la organización, este enfoque reproduce un modelo que castiga directamente a las plantillas del sector de la seguridad privada.
UGT recuerda que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público no deja lugar a dudas: en servicios como los de vigilancia, incluidos en el Anexo IV, los criterios de calidad deben suponer al menos el 51% de la valoración total. “No es una recomendación, es una obligación legal”.
FeSMC-UGT ha cargado con dureza contra el diseño del concurso público para el servicio de seguridad y vigilancia de la ITV provisional en la Plataforma Logística del Suroeste de Badajoz, al considerar que “recupera de facto el modelo de subasta en los servicios de seguridad privada” que la legislación actual trató de erradicar.
El sindicato ha presentado un escrito ante la Junta de Contratación de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en el que denuncia que el pliego otorga un 90% del peso a la oferta económica, dejando en un segundo plano los criterios de calidad. Una ponderación que, no solo incumple la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, sino que también traiciona el espíritu con el que se impulsó esta norma.
Desde FeSMC-UGT recuerdan que uno de los grandes objetivos sindicales durante la elaboración de la actual ley de contratos fue precisamente acabar con las adjudicaciones basadas exclusivamente en el precio —las conocidas “subastas”— que durante años precarizaron el empleo en sectores como la seguridad privada.
“Esta ley nació para que la calidad del servicio, las condiciones laborales y la profesionalidad pesaran más que la oferta más barata. No fue una casualidad, fue una conquista sindical para dignificar el empleo y garantizar servicios públicos seguros y eficaces”, destacan.
En este sentido, el artículo 145 de la ley es claro: en contratos de servicios como los de vigilancia y seguridad, los criterios de calidad deben representar al menos el 51% de la puntuación.
UGT advierte que mantener un 90% de valoración económica supone, en la práctica, “volver al pasado”, favoreciendo bajas temerarias que repercuten directamente en las personas trabajadoras: reducción de salarios, sobrecarga de trabajo, menor formación y, en definitiva, un deterioro de la seguridad.
“La seguridad no puede adjudicarse como si fuera una puja a la baja. Cada vez que se prima el precio, se pone en riesgo tanto a los y las profesionales como a la ciudadanía”, denuncian desde la organización.
Por ello, el sindicato exige la rectificación inmediata de los pliegos para alinearlos con la legalidad y con el objetivo para el que fue concebida la norma: acabar con las subastas encubiertas en la contratación pública y garantizar que la calidad y el empleo digno sean los verdaderos criterios decisivos.
