El próximo 28 de septiembre se celebra el Día de acción global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, y desde FeSMC-UGT queremos reivindicar este derecho para todas las mujeres.
El aborto se legalizó en España en 1985. La última modificación se realizó en 2023. Pues bien, a pesar del amparo que da la ley a las mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo, de manera legal, segura, gratuita y en el sistema público de salud, en muchos casos no es así.
Aunque en teoría el acceso al aborto en nuestro país es gratuito, muchas mujeres prefieren acudir directamente a clínicas privadas para evitar, tanto en la sanidad pública como si son derivadas a centros concertados, las barreras informativas y burocráticas, los trámites innecesarios y las listas de espera.
Esto genera una clara desigualdad:
- Las mujeres con recursos pueden acceder al aborto de forma rápida y segura en centros privados.
- Las mujeres con menos recursos dependen de las barreras impuestas por el sistema público, enfrentándose a retrasos y limitaciones.
El hecho de que el acceso al aborto dependa de la capacidad económica de cada mujer es una grave vulneración de derechos.
Por otro lado, el acceso al aborto no puede depender de la comunidad autónoma o la provincia en la que vivas. Hay comunidades autónomas y provincias en las que las mujeres encuentran muchas dificultades para poder ejercer este derecho, obligándolas a desplazarse incluso a otras Comunidades con el coste y los tiempos que esto supone.
Una de las cosas que se pretendía regular a través de la Ley Orgánica 1/2023 era el registro de objetores de conciencia para garantizar el acceso a la sanidad pública. Varías comunidades autónomas no han implementado estos registros. En comunidades como Andalucía, Castilla y León o Extremadura, más del 80 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se siguen realizando en clínicas privadas. En Madrid, según declaraciones de la Ministra de Sanidad, Mónica García, ha habido 162.000 interrupciones en los últimos 10 años, de las cuales solo 167 se han realizado en hospitales públicos.
El aborto en España no es un derecho garantizado de manera efectiva, sino un privilegio para quienes pueden permitirse evitar la burocracia y la falta de respuesta del sistema público.
Aunque sea difícil de creer, asistimos atónitas a los retrocesos que se están produciendo en este tema. Países como Estados Unidos, han prohibido el aborto en la mayoría de sus estados, poniendo de manifiesto que nunca podemos dar por hecho los derechos conquistados. En un mundo donde cada vez suena más alta la voz de la ultraderecha, imponiendo su pensamiento rancio, en contra de cualquier avance y sobre todo contra los avances conquistados a lo largo de la historia por el feminismo, tenemos que seguir peleando y defendiendo un acceso al aborto que garantice la libertad y la seguridad de las mujeres.
Desde FeSMC-UGT apostamos porque España siga el ejemplo de Francia, siendo el primer país en el mundo en blindar el aborto en la Constitución. Porque la salud y la integridad de las mujeres no puede quedar en manos de los que quieren criminalizar a quien quiere ejercer este derecho. Curiosamente, aquellos que “defienden la vida” y ofrecen a las mujeres escuchar el latido del feto para evitar que aborten, son los mismos que miran para otro lado y no condenan el genocidio en Gaza donde están asesinando y matando de hambre a miles de niños. Y a esto se le llama hipocresía.
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