En el transcurso de las mismas, se desarrolló un panel donde participaron las personas responsables de Salud Laboral de las tres Federaciones integrantes de la UGT.
Por parte de FeSMC-UGT, el compañero Álvaro Vicioso, Secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente, alumbró a los presentes la realidad existente en los sectores de la Federación con respecto a la Salud Laboral y todos los matices que dicha compleja materia contienen.
Comenzó la ponencia con una reflexión sobre los últimos datos disponibles de accidentes de trabajo. Concretamente, en el periodo enero-noviembre de 2023, se contabilizaron 581.524 accidentes de trabajo con baja (AT), un 0,5 % menos que en el mismo periodo del año anterior. En cambio, en nuestra Federación, el número de AT ascendió a 275.439, un 5,1 % más que el año anterior.
Es decir, mientras que la siniestralidad se reduce en términos generales, crece en los sectores de FeSMC en más de 13.000 nuevos AT, alcanzando el 47,4 % del total, 2,5 puntos porcentuales más que el año pasado.
Por tanto, se incrementa el número de AT en los sectores de nuestra Federación y crece su peso en el conjunto de los sectores respecto al año anterior.
Son cifras inaceptables a las que se debe poner freno de manera inmediata. En este sentido, los mayores retos a los que nos enfrentamos son los siguientes:
Acabar con la precariedad laboral constituye el primer paso.
El mayor número de AT se concentra en aquellos sectores con mayor precariedad laboral, afectados por una mayor temporalidad, mayor rotación en el empleo y con contratos de corta duración, lo que perjudica sobre todo a las personas trabajadoras más jóvenes. Esto se agrava en los sectores que recurren a la subcontratación o a la utilización de empresas de trabajo temporal. También afecta en mayor proporción a ocupaciones de baja cualificación y con menores salarios. La ausencia de descansos o el exceso de horas extraordinarias y/o complementarias en el caso de la contratación a tiempo parcial, influyen de forma directa en la posibilidad de sufrir más accidentes laborales. Esta precariedad conlleva que situaciones de potencial peligro no salgan a la luz por miedo a despidos o no renovaciones de contrato. Y este miedo origina que personas trabajadoras acudan a su puesto cuando deberían estar en situación de baja por algún tipo de dolencia, lo que aumenta el riesgo de accidente o enfermedad.
Conseguir que las empresas cumplan con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
Sabemos que detrás de cada accidente hay falta de medidas de prevención, falta de integración de la prevención en la estructura de la empresa, falta de cultura preventiva o falta de cumplimiento de la normativa. Recordemos que un 31,5 % de los AT en jornada que se registraron en las actividades de FeSMC en 2022 se produjeron en centros donde no se había realizado una evaluación de riesgos.
Por ello y entre otras medidas, es básico realizar una auténtica prevención y evaluación específica de los factores de riesgos (ergonómicos y psicosociales, sobre todo), incluyendo previsiones específicas en los convenios colectivos que se traduzcan en exigencias concretas para la empresa.
También reclamamos un aumento de recursos humanos y materiales tanto para la Inspección de Trabajo, para que controle el cumplimiento de las normas y para la Fiscalía de Salud Laboral, para que investigue y depure responsabilidades.
Acabar con la mercantilización de los servicios de prevención ajenos.
Los servicios de prevención ajenos desde su privatización, están inmersos en una lucha de captación de cuota de mercado y en una lucha de precios, lo que se traduce en una sobrecarga de trabajo para el personal técnico y sanitario (mayor número de contratos asignados, mayor número de reconocimientos médicos a realizar, nuevas funciones y actividades añadidas no propias de cada uno de los niveles de cualificación según lo recogido en el RD 39/1997, etc.) y en la imposibilidad de hacer prevención en las empresas adecuadamente, por lo que se pueden dar situaciones de riesgo y no ser evaluadas.
En definitiva, se ha producido un empeoramiento generalizado en la calidad de la prestación de los servicios de prevención ajenos, lo que conlleva una peor evaluación y establecimiento de medidas preventivas para la seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores de este país.
Se requiere, por tanto, una adecuación de los medios humanos y materiales para que los trabajadores y las trabajadoras del sector no tengan que soportar cargas de trabajo desorbitadas que imposibilitan la realización de las actuaciones preventivas con la calidad que se requiere.
En este sentido, consideramos necesaria una reforma normativa urgente, tanto de la Orden TIN/2504/2010 por la que se desarrolla el RD 39/1997 en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, como del RD 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, para que se defina claramente cuáles deben de ser los medios, tanto humanos como materiales, de las entidades especializadas acreditadas como servicios de prevención ajenos para una actuación preventiva de calidad que permita identificar y evaluar todas las situaciones de riesgo y la detección de patologías relacionadas con el entorno laboral.
Adaptar la gestión preventiva a las nuevas transiciones digital, demográfica y ecológica.
Las políticas de prevención en las empresas no tienen en cuenta las circunstancias personales y físicas de las personas trabajadoras, lo que impide que se realicen adaptaciones al puesto. Es necesario un enfoque preventivo que tenga en cuenta la edad, el género, la discapacidad, la ocupación, etc.
Asimismo, hay que estudiar los efectos de las innovaciones tecnológicas o del cambio climático sobre la salud de las personas trabajadoras, como establece la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 entre sus prioridades.
Mejorar la participación de la representación de las personas trabajadoras.
La participación de las personas trabajadoras y sus representantes (delegados y delegadas de prevención) en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, resulta primordial para una efectiva integración de la prevención y reducir así la siniestralidad laboral. Es un hecho innegable que las empresas con representación sindical son empresas más seguras, ya que existe una mayor vigilancia y exigencia del cumplimento de la normativa de prevención. La falta de representación sindical en la pequeña empresa impide que se conozcan y se denuncien situaciones de riesgo. Por ello, es necesario ampliar el número de delegados y delegadas de Prevención, así como la mejora de sus competencias y su crédito horario, con el propósito de alcanzar mayores niveles de “codecisión”.
Asimismo, resulta imprescindible la creación de la figura del delegado/a sectorial/territorial, que pueda actuar en diferentes empresas en las que no exista representación sindical. Ha de contar con el acceso a los centros de trabajo, en particular a los de plantillas reducidas, así como de un crédito de horas sindicales suficiente para su cometido.
Facilitar la salida flexible del mercado de trabajo con la mayor protección.
Dentro de nuestra Federación, determinados colectivos desarrollan actividades penosas o peligrosas que causan daños sobre la salud humana y elevan exponencialmente la siniestralidad de las personas trabajadoras de mayor edad, así como los riesgos de seguridad frente a terceros.
En este sentido, debemos facilitar su salida flexible a través de varias vías, como la jubilación parcial, la jubilación anticipada con coeficientes reductores, etc., y siempre con la máxima protección posible.
Creemos que la Mesa de Diálogo Social en materia de prevención de riesgos laborales que venimos reclamando puede convertirse en el lugar adecuado para tratar algunos de estos temas, como un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral; la prevención y evaluación de los riesgos psicosociales; acabar con la mercantilización de los servicios de prevención; la creación del Delegado/a sectorial/territorial de prevención; así como adecuar la legislación en materia preventiva a las nuevas realidades del mundo del trabajo.
De igual forma, Alvaro Vicioso indico de forma somera ejemplos de buenas prácticas firmados en los convenios colectivos de nuestra Federación que tratan de resolver algunos de los retos que comentó, en materias como evaluación de riesgos psicosociales, regulación de los sistemas de control de la actividad, regulación del derecho a la desconexión digital, teletrabajo, prevención propia de los riesgos laborales, formación, agentes sectoriales de prevención y el impacto del cambio climático en la seguridad y salud de las personas trabajadoras.
En definitiva, a muchos de estos retos se les está intentando dar una solución desde la negociación colectiva pero no es suficiente, necesitamos, afirmó Alvaro Vicioso y exigimos cambios normativos que nos permitan gestionar los riesgos psicosociales y específicos derivados de la digitalización en las empresas, así como evaluar y prevenir los efectos del cambio climático en la salud de las personas trabajadoras.
