UGT como Sindicato miembro de la dirección de UNI EUROPA, sigue insistiendo en la necesidad que el dinero público debe ser utilizado para que la contratación de servicios de seguridad en la totalidad de países miembros garantice el cumplimiento de las condiciones laborales así como la necesaria calidad de los servicios prestados por las empresas.
La campaña iniciada desde el sindicalismo europeo sobre establecer mecanismos en el conjunto de países que garanticen una contratación pública socialmente responsable en materia de seguridad privada se debatirá en el parlamento europeo en los próximos días.
El objetivo es establecer una Directiva que obligue a las empresas de seguridad a tener en cuenta criterios sociales así como el cumplimento de los pactos establecidos en materia de negociación colectiva.
La contratación pública en Europa en materia de seguridad privada asciende a 1,9 billones de euros, estimándose que como mínimo la mitad de estos servicios se adjudican basándose únicamente en el criterio del precio más bajo, que en la mayoría de ocasiones no significa ser el más garantista de mantener las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad adscritos a este tipo de servicios.
La comisión europea y la mayoría de estados miembros de UE han reconocido a la seguridad privada como un servicio esencial durante la pandemia, situación que no se corresponde con las actuaciones llevadas por empresas, clientes públicos y privados en el día a día de su actividad.
La directiva europea debe convertirse en una palanca que obligue a empresas y administración hacia otro tipo de contrataciones así como desde UGT se sigue insistiendo en el necesario cambio de modelo que debe plantearse en España donde cada vez con mayor calado se asiste al crecimiento de un modelo empresarial que una vez engordada su facturación desde el único criterio del bajo precio posteriormente abandona la actividad dejando grandes deudas con la administración así como a las personas trabajadoras en el total desamparo laboral, todo ello con la complicidad de las propias administraciones públicas.
