La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) reclama que el desarrollo del euro digital no suponga la sustitución del dinero en efectivo ni contribuya a acelerar su desaparición, con las consecuencias que ello tendría para el empleo, especialmente en el transporte y la gestión de fondos. El sindicato defiende que la modernización de los sistemas de pago debe ir acompañada de garantías laborales, diálogo social y medidas que aseguren la convivencia entre los medios de pago digitales y el efectivo.
En esta línea, Mari Carmen Barrera, secretaria confederal de Políticas Europeas de UGT y vicepresidenta del Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo (CESE), participó el pasado 23 de octubre en la mesa sobre el impacto económico y social del euro digital, celebrada en el marco del IV Encuentro Socioeconómico de la Comunitat Valenciana, en Castellón.
Su intervención recoge la preocupación que el sector estatal de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT viene trasladando a la propia Barrera en las conversaciones mantenidas sobre el futuro del efectivo y sus repercusiones laborales. A través de estos contactos, el sector ha defendido la necesidad de frenar la reducción progresiva del uso del dinero físico, una tendencia que afecta directamente a la actividad del Transporte de Fondos y a la estabilidad del empleo de las personas trabajadoras que garantizan su recogida, traslado, tratamiento y distribución.
La defensa del efectivo constituye, por tanto, una cuestión económica, social y laboral que trasciende el debate sobre los medios de pago. UGT considera fundamental que esta realidad tenga presencia en los espacios de decisión europeos, de modo que las políticas de digitalización tengan en cuenta las consecuencias sobre el empleo y la continuidad de unos servicios esenciales para el funcionamiento de la economía.
El euro digital debe complementar, no sustituir, al efectivo
Durante su intervención, Mari Carmen Barrera subrayó que el euro digital es un proyecto político, económico y social que va más allá de la innovación tecnológica. Su desarrollo puede contribuir a reforzar la autonomía estratégica europea y reducir la dependencia de proveedores internacionales de servicios de pago, pero debe avanzar con seguridad jurídica, participación social y garantías para la ciudadanía.
«El euro digital debe complementar al efectivo, nunca sustituirlo, y constituir una alternativa pública, segura, accesible y gratuita para los servicios básicos. Asimismo, es imprescindible proteger la privacidad, reforzar la ciberseguridad y evitar que la transformación digital genere nuevas barreras de acceso a los servicios financieros», afirma Carmen Barrera.
Para el sindicato, el mantenimiento del efectivo es también una garantía de inclusión financiera, autonomía personal y acceso a los pagos para quienes encuentran dificultades en el uso de herramientas digitales. Su disponibilidad debe preservarse con independencia del avance de las nuevas tecnologías.
Proteger el empleo en el transporte y la gestión del efectivo
Desde la perspectiva laboral, Barrera identificó cuatro ámbitos que requieren especial atención ante la implantación del euro digital: el transporte y la gestión del efectivo, la banca minorista, el comercio y los servicios esenciales, y los proveedores de tecnología financiera y servicios de pago.
Aunque todavía no existe una estimación oficial del número de empleos directamente afectados, advirtió de la necesidad de evaluar con mayor precisión las consecuencias de esta transformación sobre las plantillas y las condiciones laborales.
«Esta preocupación resulta especialmente relevante para el sector de la seguridad privada, y en particular para las personas trabajadoras dedicadas al transporte y tratamiento de fondos. La disminución del uso del efectivo puede repercutir en la actividad de las empresas, en la organización de los servicios y en las necesidades de personal, poniendo en riesgo puestos de trabajo y debilitando una infraestructura que garantiza la circulación del dinero físico», reflexiona Diego Giráldez, responsable estatal del sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT.
Por ello, UGT insiste en que las decisiones relacionadas con el futuro de los pagos deben incorporar una evaluación rigurosa de su impacto sobre el empleo. La transformación digital no puede abordarse exclusivamente desde criterios tecnológicos o financieros, ignorando sus consecuencias sobre las personas trabajadoras y los servicios que sostienen la economía.
Diálogo social y garantías para una transición justa
UGT reclama la participación de las organizaciones sindicales desde las primeras fases del proyecto, así como el establecimiento de medidas de formación y recualificación profesional, un diálogo social efectivo y la negociación anticipada de los cambios organizativos que puedan afectar a las plantillas.
El sindicato considera que la adaptación tecnológica debe realizarse sin trasladar sus costes a las personas trabajadoras ni debilitar las infraestructuras necesarias para garantizar el acceso al efectivo. La innovación debe servir para mejorar los servicios y reforzar la autonomía europea, pero también para generar oportunidades y preservar los derechos laborales.
En este sentido, el sector estatal de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT continuará defendiendo la importancia del transporte y la gestión del efectivo, reclamando que su futuro se aborde con responsabilidad y teniendo en cuenta tanto su función económica como su dimensión social y laboral.
La modernización de los medios de pago debe garantizar la convivencia con el efectivo, proteger el empleo y asegurar una transición justa en la que los derechos de las personas trabajadoras y la inclusión de toda la ciudadanía ocupen un lugar central.
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