La empresa cuya actividad principal es la seguridad privada ha sido excluida de varios concursos de la administración pública por no disponer de un plan de igualdad ajustado a lo legalmente establecido para estos efectos.

ARIETE que ya fue denunciada por UGT ante el Tribunal Supremo por aplicación de un convenio de empresa que rebajaba considerablemente las condiciones laborales de su plantilla obligando el alto tribunal a la aplicación del convenio estatal de empresas de seguridad privada, irrumpe ahora en el mercado de la seguridad desatendiendo lo dispuesto por Ley sobre la negociación de los planes de igualdad, pretendiendo impulsar un plan de igualdad que no ha sido negociado tal y como indica la Ley.

UGT, dentro de la campaña iniciada desde el Sindicato SIN IGUALDAD NO HAY DERECHOS SIN IGUALDAD NO HAY CONTRATOS PÚBLICOS, se ha dirigido a la administración pública indicando que ARIETE no podía a efectos legales ser adjudicataria de determinados servicios debido al incumplimiento por su parte de disponer de Plan de Igualdad en los términos que contempla la norma así como ha procedido a interponer una mediación a nivel estatal con la intención de que ARIETE no solamente venga obligada a la negociación del Plan sino que las medidas adoptadas sean suficientes para llevar en forma efectiva las políticas de igualdad a los centros de trabajo, objetivo irrenunciable por parte de UGT.

ARIETE se une a un número demasiado elevado de empresas de seguridad detectadas por parte de UGT en el territorio nacional que utilizan ilegalmente planes de igualdad con el único objetivo de participar de contratos de la administración pública, demostrando con ello una falta total de respeto hacia el conjunto del sector así como a las personas trabajadoras que con el talante de este tipo de empresas ven dañados sus legítimos derechos.

UGT, en el mismo sentido, ha solicitado a las distintas administraciones públicas con competencia directa en la contratación pública un mayor control sobre la documentación presentada por las empresas en las licitaciones celebradas desde el ámbito público.