El sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT de Castilla y León junto con el sector estatal han trasladado a la Junta de Contratación de la Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca su preocupación por las condiciones económicas previstas en la licitación de los “Servicios de Vigilancia y Seguridad de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca”, cuyo precio de licitación asciende a 1.793.287,36 euros, sin IVA.
Desde FeSMC-UGT se considera que los datos económicos contemplados en el concurso no se ajustan a los parámetros establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, especialmente en lo relativo a la necesidad de garantizar que el presupuesto permita cubrir adecuadamente los costes laborales derivados del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad.
En este sentido, la Ley 9/2017 establece la obligación de tener especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales cuando se trata de contratos en los que la mano de obra tiene un peso relevante.
Un presupuesto suficiente para garantizar salarios y derechos laborales
UGT pone el foco en una cuestión fundamental: una contratación pública social responsable debe garantizar que la empresa adjudicataria disponga de recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones salariales, laborales y de Seguridad Social.
El artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que los órganos de contratación deben fijar un precio adecuado para el cumplimiento efectivo del contrato y, cuando los costes laborales sean el componente económico principal como el los servicios de seguridad privada, deben considerarse los términos económicos de los convenios colectivos aplicables.
Una insuficiencia presupuestaria en los pliegos puede terminar generando una situación de precariedad para las plantillas, además de poner en riesgo la correcta prestación del servicio. El sindicato advierte de que adjudicar contratos por debajo de los costes necesarios puede desembocar en impagos o retrasos salariales, incumplimientos laborales e incluso en procesos concursales de las empresas adjudicatarias.
UGT exige que la administración cumpla con la obligación de realizar el seguimiento de cada contrato
La organización sindical también recuerda que los órganos de contratación deben garantizar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales por parte de las empresas adjudicatarias.
En este sentido, UGT reclama que la Administración extreme la vigilancia para impedir que las malas prácticas empresariales terminen repercutiendo sobre las condiciones laborales de las plantillas. La organización recuerda además que el impago de salarios o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos puede constituir causa de resolución del contrato.
Evitar repetir los problemas de otras adjudicaciones
FeSMC-UGT alerta de que la contratación de servicios de seguridad por importes insuficientes ya ha provocado en otras administraciones públicas situaciones de empresas incapaces de hacer frente a sus responsabilidades con sus plantillas, con posteriores impagos salariales y concursos de acreedores.
Estas situaciones han obligado a las personas trabajadoras a iniciar reclamaciones judiciales para recuperar salarios adeudados y, en determinados casos, han terminado generando costes para el propio Estado a través del Fondo de Garantía Salarial.
Por ello, UGT considera imprescindible que las administraciones públicas aprendan de estas experiencias y eviten adjudicaciones que puedan generar nuevos conflictos laborales y económicos.
Solicitud de subsanación de los pliegos
FeSMC-UGT ha solicitado a la Diputación Provincial de Salamanca que tenga en consideración sus argumentos y que, si procede, subsane los pliegos para adecuarlos a las exigencias de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Para UGT, garantizar los derechos de las personas trabajadoras son objetivos esenciales: cuando una Administración adjudica un contrato con un presupuesto insuficiente, el riesgo no lo asume la empresa, lo asume la plantilla, la calidad del servicio y la ciudadanía.
Imagen realizada con IA.
