El sector estatal de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT junto con el responsable del sector en Extremadura han exigido la rectificación inmediata de los pliegos del contrato del servicio de vigilancia y seguridad para la Feria del Queso de Trujillo 2026, promovido por la Junta Rectora de la Institución Ferial Mercado de Ganados de Extremadura (FEREX).
El sindicato ha detectado que el procedimiento de adjudicación otorga el 100% de la puntuación a la oferta económica, excluyendo cualquier criterio relacionado con la calidad del servicio. Una decisión que vulnera lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Una contratación que incumple la ley
UGT recuerda que el artículo 145 de la norma es claro: en los contratos de servicios incluidos en el Anexo IV —como los de vigilancia y seguridad (CPV 79710000-4 y 79714000-2)— los criterios de calidad deben representar al menos el 51% de la puntuación total.
Sin embargo, en el contrato se valora exclusivamente el precio. Para el UGT, este planteamiento no solo incumple la legislación vigente, sino que fomenta una competencia a la baja que repercute directamente en las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad.
El precio no puede ser el único criterio en un servicio esencial
Desde FeSMC UGT Extremadura se advierte que este tipo de planteamientos reducen la seguridad a una mera cuestión económica, ignorando factores esenciales como la cualificación profesional y la planificación operativa.
UGT afirma que “Cuando solo se valora el precio, se abre la puerta a la precarización y al deterioro del servicio”. Por tanto, ha solicitado formalmente la subsanación de los pliegos para ajustarlos a la legalidad y garantizar una contratación pública socialmente responsable.
Compromiso con la calidad y la dignidad laboral
UGT reafirma que la contratación pública debe ser ejemplar, garantizando no solo eficiencia económica, sino también calidad del servicio, seguridad ciudadana y respeto a las condiciones laborales.
El sindicato continuará vigilando los procedimientos de contratación en el ámbito de la seguridad privada para evitar que se utilicen criterios exclusivamente economicistas que perjudiquen tanto a los profesionales del sector como a la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.
