Un convenio de empresa que amparado en la anterior reforma laboral redujo sustancialmente las condiciones laborales, sociales y económicas de las personas trabajadoras de la empresa ALCOR y que en la actualidad su aplicación choca frontalmente con lo legalmente establecido.
UGT ha presentado denuncia en la Audiencia Nacional contra la empresa de seguridad ALCOR al considerar que según lo previsto en la nueva reforma laboral la empresa ALCOR debe venir obligada a la aplicación para la totalidad de su plantilla del convenio sectorial de seguridad privada y no del convenio de empresa que reduce sustancialmente las condiciones económicas de los vigilantes de seguridad que prestan sus servicios en la mencionada empresa.
Según indica el Sector Estatal de Seguridad Privada de FESMC UGT la empresa ALCOR SEGURIDAD amparado en la anterior reforma laboral negoció un convenio de empresa reduciendo las condiciones económicas de las personas trabajadoras. Esta situación se reprodujo en distintas empresas del sector de seguridad denunciadas desde el Sindicato, con la única intención de recortar costes empresariales reduciendo entre otras condiciones laborales el salario de las personas trabajadoras que además les permitía competir en concursos públicos y privados con menor coste salarial y por lo tanto en situación más beneficiosa que su competencia.
La nueva reforma laboral aplico en materia de negociación colectiva un régimen transitorio ya finalizado y que en la actualidad obliga a la empresa ALCOR a la aplicación del convenio sectorial, la falta de atención a este prefecto por parte de la empresa ha sido denunciada por UGT ante la Audiencia Nacional, entendiendo que la actuación de ALCOR lesiona los derechos de sus trabajadores y trabajadoras en materia de salario así como en las cuantías de cotizaciones a realizar por parte de la empresa a la seguridad social, motivo que también será motivo de denuncia por parte de UGT ante la Inspección de Trabajo en su ámbito estatal.
ALCOR SEGURIDAD en la actualidad se encuentra a la espera del fallo de la Sala Segunda de lo Penal en Lugo por una presunta explotación laboral cometida contra las personas trabajadoras adscritas a la empresa de seguridad privada.
