El Sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT Extremadura, junto con el sector estatal, ha dado la voz de alarma ante lo que considera una irregularidad de la normativa vigente en la licitación del servicio de seguridad y vigilancia del Archivo Central de la Junta de Extremadura.
La organización sindical ha remitido un escrito a la Junta de Contratación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública solicitando la subsanación inmediata de los pliegos del concurso.
Un reparto de puntos que vulnera el espíritu de la Ley de Contratos
El núcleo de la denuncia reside en la ponderación de los criterios de adjudicación para el contrato, cuyo presupuesto base asciende a 178.661,31 EUR (sin IVA).
La organización subraya que, al tratarse de un servicio incluido en el Anexo IV de dicha ley (vigilancia y seguridad), los criterios de calidad deben representar, como mínimo, el 51% de la puntuación total. Sin embargo, el pliego actual suma:
- 49 puntos por la oferta económica.
- 10 puntos por la oferta de horas adicionales gratuitas.
Esto resulta en un 59% del peso total volcado en factores económicos, dejando los criterios de calidad muy por debajo del mínimo legal exigido.
La «trampa» de las horas gratuitas
Desde FeSMC-UGT critican duramente el uso de la «bolsa de horas gratuitas» como un supuesto criterio de mejora. El sindicato sostiene que:
- Contradice el principio de onerosidad: Las prestaciones gratuitas en contratos públicos son irregulares a menos que se reflejen en el coste final, convirtiéndose en la práctica en un factor económico encubierto.
- Riesgo para la persona trabajadora: Esta modalidad afecta directamente a las condiciones laborales y podría derivar en incumplimientos de los convenios colectivos del sector.
Exigencia de rectificación
El sindicato insta al órgano de contratación a priorizar criterios cualitativos, sociales y medioambientales como criterios de calidad.
«No entendemos qué calidad puede darse en el ofrecimiento de una bolsa de horas gratuitas que, en la práctica, reduce la calidad del servicio».
La organización espera que la Administración atienda estas consideraciones y proceda a la subsanación de los pliegos para que el concurso se ajuste estrictamente a la legalidad y garantice un servicio de gran calidad que proteja tanto las instalaciones públicas como los derechos del personal de seguridad.
