FeSMC-UGT reclama la revisión de los criterios de adjudicación para garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, especialmente en una actividad de seguridad especialmente sensible como es el Transporte de Fondos
El sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT Euskadi junto al sector estatal han trasladado a la Junta de Contratación del Ayuntamiento de Bilbao su preocupación por los criterios de adjudicación establecidos en la licitación del servicio de recogida y transporte de fondos de dos cajeros automáticos destinados a la recaudación de ingresos municipales, cuyo presupuesto asciende a 82.644,63 euros, sin IVA.
El sindicato ha detectado que los criterios de valoración otorgan un 95% de la puntuación a la oferta económica, dejando los criterios de calidad prácticamente excluidos de la adjudicación. Una ponderación que resulta incompatible con las exigencias legales aplicables a este tipo de contratos y que requiere una revisión de los pliegos.
Desde FeSMC-UGT se recuerda que el artículo 145.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), establece que, en los contratos de servicios incluidos en el Anexo IV, los criterios relacionados con la calidad deben representar, como mínimo, el 51% de la puntuación asignable. Entre los servicios contemplados en dicho anexo se encuentran los servicios de seguridad, identificados mediante el código CPV 79710000-4.
Para el sindicato, la contratación pública no puede convertirse en una carrera por ofrecer el precio más bajo, relegando a un segundo plano las condiciones en las que se presta el servicio. La adjudicación debe atender a criterios que permitan garantizar una prestación adecuada, con medios suficientes, personal cualificado y condiciones que favorezcan la seguridad y la continuidad del servicio.
La recogida y el transporte de fondos requieren garantías reforzadas
FeSMC-UGT subraya que, si los servicios de seguridad privada tienen una consideración esencial para la protección de personas, bienes e instalaciones, los servicios de recogida y transporte de fondos presentan, además, unas características especialmente sensibles que hacen imprescindible prestar una atención prioritaria a la calidad de su ejecución.
«Se trata de una actividad que exige una planificación rigurosa, procedimientos de seguridad adecuados, medios materiales suficientes y personal debidamente formado para realizar operaciones que implican la manipulación y el traslado de dinero y otros valores. Por ello, cualquier mejora efectiva en la calidad de la prestación adquiere una relevancia especial y no puede quedar relegada frente al criterio puramente económico», afirman desde el sindicato.
El sindicato advierte de que una ponderación que concentra el 95% de la valoración en el precio reduce drásticamente la capacidad de los criterios de calidad para influir en la adjudicación. Esta orientación puede desvirtuar el objetivo de la contratación pública, que debe buscar la mejor relación entre calidad y precio, y no únicamente la oferta económicamente más baja.
Los pliegos deben permitir valorar adecuadamente las condiciones reales en las que se desarrollará el servicio, evitando que la competencia económica se imponga sobre los requisitos necesarios para garantizar una prestación segura, eficaz y profesional.
UGT solicita la subsanación de los pliegos
En el escrito remitido el 19 de octubre de 2026 a la Junta de Contratación municipal, FeSMC-UGT Euskadi solicita que se tengan en consideración sus observaciones y que, si procede, se adopten las medidas necesarias para la subsanación de los pliegos o el desistimiento de la licitación, con el objetivo de adecuar los criterios de adjudicación a lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Para FeSMC-UGT, este caso vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que las administraciones públicas asuman su responsabilidad en el diseño de los procedimientos de contratación, incorporando criterios de adjudicación ajustados a la legalidad y adecuados a las características específicas de cada servicio.
El sindicato insiste en que la contratación pública debe ser una herramienta para garantizar servicios de calidad, proteger el empleo y favorecer unas condiciones de prestación compatibles con las exigencias de seguridad. Cuando se contratan servicios de seguridad, y especialmente cuando se trata de la recogida y el transporte de fondos, la calidad no puede ser una cuestión secundaria ni quedar prácticamente anulada por el peso de la oferta económica.
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