El sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT Castilla y León junto con el sector estatal vuelve a alertar del riesgo de adjudicar servicios de vigilancia con ofertas económicas que no garantizan los costes laborales y denuncia una dinámica que puede perjudicar a las plantillas y generar competencia desleal
FeSMC-UGT ha trasladado sus objeciones a la Junta de Contratación de la Gerencia de Mercados Centrales de Abastecimiento de Salamanca (Mercasalamanca S.A.) por el concurso correspondiente a los servicios de vigilancia y seguridad, cuyo presupuesto de licitación asciende a 485.400 euros, sin IVA. Los datos económicos del concurso pueden no ajustarse a los parámetros establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y pueden comprometer la correcta ejecución del servicio.
FeSMC-UGT considera que una Administración no puede plantear una contratación partiendo de unas condiciones económicas insuficientes y, posteriormente, permitir que las empresas compitan reduciendo todavía más el precio.
Llama la atención sobre una circunstancia que considera especialmente preocupante: las tres últimas noticias de contratación pública en Salamanca conocidas en el sector se han referido a adjudicaciones con ofertas económicas que resultan, en principio, deficitarias para hacer frente a los costes laborales de las plantillas que deben desarrollar los servicios.
El sindicato considera que esta reiteración debería llevar a las Administraciones a extremar los controles sobre la suficiencia económica de las ofertas y sobre la capacidad real de las empresas adjudicatarias para cumplir las condiciones laborales durante toda la vigencia del contrato.
En el caso de Mercasalamanca, el escrito presentado por FeSMC-UGT recuerda precisamente que los costes salariales derivados de los convenios colectivos no pueden quedar relegados a una mera referencia para establecer el precio de mercado, sino que su respeto debe quedar garantizado tanto en la elaboración de los pliegos como durante la ejecución del contrato.
FeSMC-UGT ha solicitado en el caso de Mercasalamanca que se tengan en cuenta sus consideraciones y que, si procede, se subsanen los pliegos para adecuarlos a las exigencias de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
La Administración debe garantizar que los contratos de seguridad tienen una financiación suficiente antes de adjudicarlos y debe impedir que ofertas inviables desvirtúen la contratación pública. Para UGT, cumplir el convenio colectivo no puede ser un coste que las empresas puedan decidir asumir o no: es una obligación que debe quedar garantizada desde el primer momento y durante toda la ejecución del contrato.
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