El sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT Madrid junto al sector estatal cuestionan que la licitación del servicio de vigilancia y seguridad del Real Jardín Botánico, dependiente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuyo presupuesto asciende a 319.104 euros, IVA excluido, considere la oferta de una bolsa de horas gratuitas como un criterio de calidad, cuando se trata de horas de trabajo efectivo que tienen un coste económico y que, por tanto, no pueden equipararse a una mejora cualitativa del servicio.
Tras analizar los criterios de adjudicación publicados, desde FeSMC-UGT consideramos que la configuración de las puntuaciones no respeta las exigencias legales en materia de calidad que deben regir la contratación de servicios de vigilancia y seguridad. En concreto, el pliego contempla 48 puntos para la oferta económica y otros 19 puntos para el ofrecimiento de una bolsa de horas gratuitas, lo que supone que 67 puntos de la valoración total quedan vinculados al precio y a una mejora económica encubierta.
La Ley 9/2017 establece, en su artículo 145.4, que en los contratos de servicios incluidos en el Anexo IV los criterios relacionados con la calidad deben representar, como mínimo, el 51% de la puntuación asignable a las ofertas. Este requisito no es una recomendación, sino una exigencia legal destinada a garantizar que las administraciones públicas contraten servicios atendiendo a parámetros de calidad y no exclusivamente a criterios económicos.
Precisamente, entre los servicios recogidos en el Anexo IV se encuentran los correspondientes al ámbito de vigilancia y seguridad. Por tanto, la contratación del servicio del Real Jardín Botánico debe ajustarse a esta exigencia, garantizando que la calidad tenga el peso mínimo establecido legalmente.
Desde FeSMC-UGT cuestionamos, además, que una bolsa de horas gratuitas pueda considerarse un verdadero criterio de calidad. No entendemos qué mejora cualitativa representa ofrecer horas de trabajo sin contraprestación económica cuando, en realidad, se trata de prestaciones laborales que tienen un coste y que deben estar debidamente cuantificadas y presupuestadas. Este tipo de mecanismos termina trasladando a las empresas adjudicatarias una competencia basada en la capacidad de ofrecer más trabajo sin coste aparente, con el consiguiente riesgo de repercusión sobre las condiciones laborales, la organización del servicio y la calidad efectiva de la prestación.
Esta interpretación encuentra respaldo en la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), particularmente en sus resoluciones 282/2025, 530/2020 y 3/2023, que abordan la utilización de las bolsas de horas y las prestaciones extraordinarias como criterios de adjudicación. En este sentido, cuando una Administración necesita disponer de trabajos extraordinarios o servicios adicionales, debe articularlos mediante precios unitarios concretos, sujetos a un presupuesto máximo, y no utilizarlos como mejoras gratuitas que alteren la competencia entre licitadores.
El problema, por tanto, no reside en que el pliego contemple el precio como criterio de adjudicación, sino en la manera en que se configura y se combina con una bolsa de horas gratuitas. Esta fórmula puede desvirtuar el propio criterio económico, al introducir una variable sin un coste unitario fijo que condiciona tanto la valoración de las ofertas como el coste real de las prestaciones que finalmente se ejecuten. Se genera así un escenario de incertidumbre que puede favorecer ofertas económicamente desequilibradas y dificultar una comparación objetiva entre las propuestas presentadas.
Para FeSMC-UGT, la contratación pública no puede convertirse en una subasta encubierta a costa de la calidad del servicio y de las condiciones laborales de las personas trabajadoras. La Administración tiene la obligación de garantizar que los recursos públicos se destinen a contratar servicios de calidad, con presupuestos suficientes y criterios de adjudicación que respeten escrupulosamente la legislación vigente.
No se trata únicamente de cumplir formalmente la ley, sino de defender un modelo de contratación pública responsable que valore la profesionalidad, la formación, los medios técnicos, la organización del servicio y unas condiciones laborales dignas.
La calidad en la seguridad privada no se consigue regalando horas de trabajo ni adjudicando contratos a quien presenta el precio más bajo. Se consigue garantizando los recursos necesarios para prestar un servicio profesional, eficaz y con todas las garantías.
