El Sector estatal de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT, ha reclamado a la Junta de Contratación de Paradores de Turismo de España la revisión de los criterios establecidos en el concurso para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en sus establecimientos, cuyo precio de licitación asciende a 1.228.040,50 euros, sin IVA
El sindicato considera que la configuración de los criterios de adjudicación desvirtúa por completo el principio de calidad que debe regir la contratación pública y convierte en la práctica el concurso en una auténtica subasta económica encubierta, al otorgar 40 puntos a una bolsa de horas adicionales gratuitas y 49 puntos a la oferta económica. El resultado es que 89 de los 100 puntos de la adjudicación quedan vinculados directa o indirectamente a criterios de naturaleza económica, dejando la calidad real del servicio relegada a una posición prácticamente testimonial.
40 puntos que no pueden presentarse como calidad
FeSMC-UGT recuerda que el artículo 145 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), establece que los órganos de contratación deben diseñar los criterios de adjudicación de forma que permitan obtener servicios de gran calidad y, en determinados contratos de servicios incluidos en el Anexo IV, establece que los criterios relacionados con la calidad deben representar al menos el 51% de la puntuación. El propio escrito remitido por el sindicato señala que el sector de Vigilancia y Seguridad figura entre los incluidos en dicho Anexo IV.
Para la organización sindical, no puede considerarse un criterio de calidad la mera capacidad de una empresa para regalar horas de trabajo. Las 40 horas adicionales gratuitas planteadas en el pliego no aportan por sí mismas una mejora cualitativa del servicio, sino que representan una prestación que tiene un coste económico y laboral.
Una contratación pública que se aleja del espíritu de la LCSP
El sindicato recuerda que la filosofía de la LCSP va precisamente en la dirección contraria a este tipo de planteamientos. La contratación pública debe servir para mejorar la eficiencia del gasto público, favorecer la participación de las pequeñas y medianas empresas y utilizar el poder de compra de las Administraciones para alcanzar objetivos sociales comunes.
Además, entre los objetivos fundamentales de la Ley se encuentran la transparencia y la obtención de una mejor relación calidad-precio, obligando a los órganos de contratación a incorporar aspectos cualitativos, sociales, medioambientales e innovadores vinculados al objeto del contrato.
De la calidad a la puja por ver quién trabaja más tiempo gratis
FeSMC-UGT considera que el modelo planteado genera una dinámica especialmente peligrosa: en lugar de competir por quién ofrece un servicio de mayor calidad, las empresas terminan compitiendo por quién está dispuesta a asumir un mayor volumen de trabajo sin repercutirlo directamente en el precio.
La contratación pública no puede convertirse en una competición para determinar qué empresa está dispuesta a asumir más costes gratuitamente, porque eso no es calidad, sino reducción de costes disfrazada de mejora.
La Administración debe garantizar una contratación pública socialmente responsable
FeSMC-UGT reivindica que las Administraciones Públicas deben asumir su responsabilidad a la hora de diseñar los contratos de servicios y utilizar la contratación pública como una herramienta para garantizar calidad, estabilidad en el empleo, cumplimiento de los convenios colectivos y condiciones laborales dignas.
El sindicato recuerda que la propia LCSP contempla la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como elementos vinculados a la calidad de las ofertas, precisamente para evitar que la contratación pública quede reducida a una simple comparación de precios.
«Otorgar 40 puntos de los 51 que, como mínimo, deben representar los criterios de calidad a una bolsa de horas gratuitas supone vaciar prácticamente de contenido la calidad exigida por la Ley y transformar el procedimiento en una subasta económica encubierta», afirma Diego Giráldez.
La organización sindical exige a Paradores que revise y subsane los pliegos para garantizar que los criterios de adjudicación respondan realmente a una mejor relación calidad-precio.
