El sector estatal de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT Extremadura junto con el sector estatal han trasladado a la Junta de Contratación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Badajoz su preocupación por los criterios establecidos en el concurso para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia de los edificios dependientes de la Dirección Provincial.
El contrato, correspondiente al expediente 06/VC-217/26, cuenta con un precio de licitación de 305.404,24 euros, sin IVA.
Uno de los principales motivos de preocupación del sindicato es la valoración de las denominadas “horas adicionales” o “bolsa de horas gratuitas”, a las que el pliego atribuye 18 puntos como criterio de calidad. Para UGT, resulta difícil considerar como un criterio de calidad una prestación que, en realidad, supone un coste económico adicional.
La organización sindical recuerda que el artículo 145 de la Ley 9/2017 establece que los órganos de contratación deben establecer criterios que permitan obtener servicios de gran calidad y que, en los contratos incluidos en el Anexo IV, los criterios relacionados con la calidad deben tener un peso mínimo del 51% de la puntuación. El sector de Vigilancia y Seguridad se encuentra incluido en dicho Anexo.
Una “mejora” que, en realidad, tiene naturaleza económica
FeSMC-UGT considera que la utilización de una bolsa de horas gratuitas como supuesta mejora de calidad desvirtúa la finalidad de los criterios cualitativos. Si esas horas tienen un coste para la empresa, dicho coste debe tener necesariamente una repercusión económica y, por tanto, no debería presentarse como una mejora independiente del precio.
El escrito remitido al INSS advierte además de que cualquier elemento que permita reducir el coste final de la contratación, aunque se denomine “bolsa de horas” o “mejora”, tiene naturaleza económica y debe computarse como tal a efectos de las ponderaciones establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público.
Para el sindicato, este tipo de planteamientos puede acabar generando una dinámica de ofertas cada vez más agresivas, en la que las empresas compiten no por mejorar la calidad del servicio, sino por asumir mayores cantidades de trabajo sin coste para la Administración.
UGT alerta del impacto sobre las condiciones laborales
Desde FeSMC-UGT se pone también el foco en las consecuencias que este modelo de contratación puede tener sobre las personas trabajadoras. La organización sindical advierte de que una bolsa de horas gratuita puede afectar directamente a los costes laborales y generar situaciones que terminen poniendo en riesgo el cumplimiento de los convenios colectivos.
El sindicato considera especialmente preocupante que la Administración pueda valorar como una ventaja competitiva la realización de horas adicionales sin establecer un coste concreto y limitado. A su juicio, esta fórmula dificulta conocer cuál será realmente el coste del servicio y puede favorecer ofertas a coste cero o económicamente inviables.
«Cuando la Administración necesite trabajos extraordinarios debe asumir su coste, incluso con un precio superior por contar con personal operativo de forma imprevista», afirma Diego Giráldez.
“No puede convertirse la contratación pública en una competición por trabajar gratis”
UGT considera que la contratación pública debe servir para garantizar servicios de calidad, pero también para proteger unas condiciones laborales dignas y asegurar que las empresas adjudicatarias puedan prestar el servicio en condiciones de viabilidad económica.
La organización sindical advierte de que la falta de límites claros en las bolsas de horas puede provocar ofertas desproporcionadas y precios simbólicos con el único objetivo de obtener la máxima puntuación. Esta situación, además de desvirtuar la competencia entre empresas, puede terminar trasladando la presión económica a las plantillas que prestan el servicio.
Por ello, FeSMC-UGT ha solicitado al INSS que tenga en consideración las observaciones planteadas y que, en su caso, proceda a la subsanación o desistimiento del procedimiento, con el objetivo de que los pliegos se ajusten a las exigencias de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
La Administración debe garantizar que los contratos públicos se adjudiquen con criterios transparentes, objetivos y vinculados a la verdadera calidad del servicio, evitando fórmulas que conviertan las horas gratuitas en el principal elemento de competencia entre las empresas.
Imagen generada con IA.
