El 14 de febrero se llevó a cabo una nueva reunión sobre el convenio del sector de oficinas y despachos, que permanece bloqueado desde 2022.
En ésta, pareció que PIMEC y Foment del Treball consideraban la negociación colectiva como un proceso para mejorar los beneficios de las empresas en detrimento de la precariedad en las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras.
En este sentido, ambas patronales se mostraron en contra del abono de 1,5€ por día trabajado, de hecho bajo su premisa es excesivo y no tiene sentido incluirlo en el convenio.
De no hacerlo, supondría dejar en el ámbito de la empresa fijar el precio del teletrabajo algo supone que las empresas sin representación legal de personas trabajadoras obliguen sin contraprestación alguna al trabajo a distancia, además de poder compensar y absorber este 1 ,5% por día o que esta cantidad no tenga revalorización alguna durante la vigencia del convenio.
Por otra parte, quieren incluir el fijo discontinuo a tiempo parcial, sin establecer una actividad y jornada semanal mínima, propiciando que pueda haber contratos de un mes al año.
Sin embargo, desde UGT de Catalunya se ha comunicado que si la intención es consolidar esta flexibilidad, esto debería circunscribirse a los años de vigencia y una vez finalizados volver a la situación anterior. Es decir, no podrá realizarse estos contratos. Sin embargo, han rechazado esta propuesta.
Además, han propuesto tanto PIMEC como Foment del Treball, que la reducción de 4 horas de la jornada anual sea a partir del 1 de enero de 2024, a lo que UGT se ha opuesto.
En resumen, una reunión que debería haber servido para cerrar textos sobre el convenio colectivo se ha convertido en un pretexto para ralentizar y bloquear la negociación del mismo desconociendo sus intenciones.
Desde el sindicato, se considera que es el momento de actuar de forma unitaria y, junto a los compañeros de CCOO, iniciar movilizaciones en el sector.
Por parte de UGT se pide la máxima participación para demostrar a las patronales que las personas trabajadoras merecen un respeto y que sus derechos no pueden ser tratados como meros asientos en la cuenta de explotación de las empresas.
