El próximo 31 de marzo, huelga en toda Galicia.
Dos manifestaciones han tenido lugar en el sector de transporte de viajeros de toda Galicia. No se trababa de mostrar músculo, sino de hacerse notar y mostrar la realidad de un sector que ve como día a día la negociación colectiva se topa con que la realidad de la patronal resulta muy diferente a la realidad existente en la sociedad española y en el sector de transporte de viajeros que, día a día, ven como pierden poder adquisitivo a ritmos vertiginosos.
El pasado 23 de febrero tuvo lugar una primera manifestación en A Coruña y el 16 de marzo la segunda en Santiago abarcando ya a personas trabajadoras de todo el sector en Galicia.
Lo próximo ya es una huelga, pues las asambleas de personas trabajadoras del transporte de viajeros y viajeras por carretera realizadas en las cuatro provincias aprobaron por unanimidad ir a la huelga el 31 de marzo en demanda del desbloqueo de la negociación colectiva. Los cuatro convenios provinciales están paralizados y aunque la mesa de A Coruña, Ourense y Pontevedra mantiene las reuniones, en estas no se producen avances, mientras que la de Lugo ni siquiera se reúne. Sirva como ejemplo A Coruña, donde la diferencia entre lo que ofrecen la parte patronal y las pretensiones de la parte social resultan tan insalvables como que unos ofrecen un 0,8% de subida salarial frente a un IPC que en los dos últimos años supuso un incremento del coste de la vida de un 12,20%.
El día de la huelga, además de los habituales piquetes informativos, se harán concentraciones en las estaciones de autobuses de las siete ciudades gallegas a las 11:00h, excepto en Pontevedra, donde será a las 18:00h.
Se denuncia que a la parálisis de los convenios y a la no actualización de las condiciones laborales, salariales y sociales del personal, hay que sumar los reiterados incumplimientos de los convenios colectivos por parte de la patronal, que llevaron a que a día de hoy el sector esté altamente precarizado.
Aunque en este sector la mayoría de las plantillas están formadas por trabajadores conductores, en los últimos años el colectivo de acompañantes, mayoritariamente integrado por mujeres, creció de manera considerable. Estas trabajadoras padecen unas condiciones de precariedad absoluta, teniendo que aguantar contratos de hasta media hora o una hora e incumplimientos salariales continuos.
A las nefastas condiciones del personal se le añade el estado lamentable de la flota de autobuses, con vehículos muy viejos que sufren averías constantes que ponen en riesgo la seguridad en el transporte.
Responsabilidad de la Xunta de Galicia
La culpa no es solo de un planteamiento de subida miserable por la parte empresarial ya que la administración pública está detrás del mantenimiento de un valor de los contratos públicos que nacieron pobres, y a día de hoy están desactualizados y muy lejos de la realidad actual. Hace varios años nadie se esperaba esta escalada de precios que afecta, entre otros, al transporte y al igual que se han tenido que actualizar otros aspectos como determinadas ayudas sectoriales y sociales que hace varios años resultaban inconcebibles, se tienen que actualizar las dotaciones económicas de los contratos públicos pues muchos puestos de trabajo y viabilidad de las empresas dependen directamente de ellos.
La Xunta, en su momento, sacó a concurso público unos contratos infradotados económicamente, y a pesar de esto la patronal se presentó incluso con rebajas de hasta el 30% sobre el precio de salida, con la idea de que podrían obtener beneficios, supuestamente a cuenta de explotar las trabajadoras y trabajadores, precarizar las condiciones laborales y deteriorar la prestación del servicio hasta límites insospechados. Basta con comprobar como día sí y día también las personas usuarias se quejan por los retrasos nos horarios, las deficiencias del servicio o incluso porque el autobús programado no pasa por la parada.
El menosprecio hacia las personas trabajadoras (que cada día escasean más en este sector por sus pésimas condiciones), se trasladará también a las personas usuarias que verán, una vez más, como se quedan sin transporte debido a la pasividad de la Administración pública y las empresas del sector.
El sector no está dispuesto a asumir más recortes ni precariedad y por eso inicia una nueva jornada de movilizaciones. La cuantificación de la severidad de la lucha sindical está sobre su tejado.