Uno de los puntos, en mi opinión fundamentales, que contempla la reciente “Propuesta sindical unitaria” presentada por UGT y CCOO es la de impulsar una Ley de Diálogo Social y Negociación Colectiva; una iniciativa que pretende ser estructural y que busca fortalecer el papel del movimiento sindical en la gobernanza económica y social de nuestro país.
En este sentido, nuestra forma de entender la acción sindical en la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT se centra en resolver los problemas que surgen en la realidad diaria de trabajadores y las trabajadoras, pero no debemos olvidar que también tenemos la responsabilidad de transformar esa realidad. La citada iniciativa legislativa pretende precisamente eso.
Salud democrática
Nuestro país ha experimentado en los últimos años un crecimiento económico significativo, acompañado de mejoras en el empleo y en algunos indicadores sociales. Sin embargo, ese crecimiento no ha tenido un reflejo proporcional en el reparto de la riqueza. Persisten salarios bajos, precariedad y desigualdades que afectan a amplias capas de la sociedad, especialmente en los sectores de servicios privados que representa FeSMC-UGT, donde la fragmentación productiva y la dificultad para avanzar en determinados marcos de negociación colectiva dificultan avances sostenidos en derechos laborales.
El papel del Diálogo Social y la negociación colectiva no puede seguir dependiendo de la voluntad política del momento ni quedar sujeto a coyunturas económicas o sociales
En este contexto, ubicar el Diálogo Social como un pilar maestro de la arquitectura del Estado es una cuestión de salud democrática. El papel del Diálogo Social y la negociación colectiva no puede seguir dependiendo de la voluntad política del momento ni quedar sujeto a coyunturas económicas o sociales. Es necesario dotarlo de estabilidad, de estructura y de capacidad real de influencia en las decisiones públicas. Para ello resulta imprescindible una norma con rango suficiente que garantice su funcionamiento y su continuidad más allá del contexto político.
De la capacidad de influir a la de participar
La propuesta de ley que hemos planteado las dos principales organizaciones sindicales de este país avanza en esa dirección. Implica un cambio relevante en la forma de entender la participación sindical, pasando de una intervención condicionada por los tiempos a una presencia desde el inicio y constante en la elaboración de las políticas públicas. Hablamos de disponer de información económica relevante, conocer los anteproyectos normativos antes de su aprobación y participar en su diseño como parte de una concepción más avanzada de la democracia, en la que los representantes de las personas trabajadoras contribuyen a mejorar la calidad de las políticas sociales.
Este enfoque resulta especialmente relevante para sectores como los que integran FeSMC-UGT, donde la presión competitiva, la externalización y la atomización empresarial generan situaciones de debilidad estructural. En estos ámbitos, la negociación colectiva constituye la herramienta fundamental para garantizar condiciones de trabajo dignas. Reforzarla significa avanzar en salarios, reducir la precariedad y mejorar la calidad del empleo.
Se trata de consolidar un espacio efectivo de gobernanza compartida, en el que Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales asuman responsabilidades conjuntamente en la definición de las políticas económicas y sociales
Otro de los elementos clave de la propuesta es la creación de una arquitectura institucional estable, con un Consejo de Diálogo Social de carácter permanente y con funciones reales de seguimiento, evaluación y propuesta normativa. Se trata de consolidar un espacio efectivo de gobernanza compartida, en el que Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales asuman responsabilidades conjuntamente en la definición de las políticas económicas y sociales.
Respuesta a los críticos
Para aquellos voceros de intereses privados y visiones ultraconservadoras que no han tardado ni un segundo en rasgarse las vestiduras ante nuestra propuesta, decir que existen en Europa ejemplos que avalan esta iniciativa. Países como Francia cuentan con el Consejo Económico, Social y Medioambiental, un órgano constitucional que articula la participación de los agentes sociales en las políticas públicas. En Alemania, el modelo de cogestión y la participación institucionalizada de los sindicatos en ámbitos económicos clave han contribuido históricamente a la estabilidad del sistema productivo. Por su parte, en Bélgica, el Consejo Nacional del Trabajo constituye un referente en la concertación social permanente, con capacidad real de influencia normativa. Son modelos distintos, adaptados a sus realidades nacionales, pero todos comparten una idea central: el Diálogo Social forma parte del núcleo de la democracia, que lo asuman.
Para aquellos que pretenden interpretar esta propuesta como un intento de ampliar de forma desmedida la influencia de los sindicatos en la vida política, aclarar que esta ley no viene a dotar a los sindicatos de un poder de actuación en todos los ámbitos de la vida pública ni de la acción política. Lo nuestro no es hacer política en el sentido partidista del término. Nuestra labor se focaliza, como siempre ha sido, en el ámbito laboral y en los derechos sociales, y es ahí donde de forma legítima queremos tener más capacidad de actuación e influencia. Y estamos legitimados porque nos avalan millones de afiliados, afiliadas y cientos de miles de delegados y delegadas sindicales elegidos democráticamente por las personas trabajadoras en las elecciones sindicales.
Cada una de las mejoras que logramos cuando negociamos un convenio beneficia a todos los profesionales de un sector, no sólo a nuestros afiliados y afiliadas
Nosotros no somos un lobby –de esos que proliferan desde hace tiempo en el juego de intereses político-empresariales– que defiende intereses privados y corporativos; nosotros representamos el interés de nuestros afiliados pero, también, de la mayoría social trabajadora de este país porque cada una de las mejoras que logramos cuando negociamos un convenio beneficia a todos los profesionales de un sector, no sólo a nuestros afiliados y afiliadas. Y es desde esa responsabilidad desde la que reclamamos un papel más activo en la construcción de las políticas públicas que afectan directamente a las condiciones de vida de las personas.
Para una mayor justicia social
Por eso, esta propuesta debe entenderse como una apuesta por fortalecer la democracia social en nuestro país. Cuando los sindicatos cuentan con capacidad real de intervención, el equilibrio entre capital y trabajo se refuerza y las desigualdades se contienen. En caso contrario, ese equilibrio se rompe con facilidad y las consecuencias se trasladan al conjunto de la sociedad.
En definitiva, lo que está en juego va más allá del diseño de una nueva ley. Tiene que ver con el modelo de sociedad que queremos construir; un modelo en el que el crecimiento económico se traduzca en bienestar compartido, en el que las decisiones políticas para la “cosa pública” incorporen participación real de las personas trabajadoras y en el que el trabajo recupere el protagonismo que le corresponde, el trabajo como centro de la actividad económica. De eso se trata: nada más y nada menos.
