En un contexto geopolítico inestable y marcado por una grave crisis energética, en una España de buenas cifras «macro» pero con economías domésticas precarizadas por una inflación galopante y unos precios de la vivienda desquiciados, ¿cómo es posible que las empresas energéticas y los bancos hayan presentado beneficios récord? Y sobre todo: ¿cómo es posible que esos beneficios sigan sin permear al resto de la sociedad?
En las últimas dos semanas se han venido publicando las cifras de beneficios “récord” de muchas compañías, especialmente del sector energético y financiero. Resulta llamativo que mientras millones de familias trabajadoras siguen haciendo equilibrios para llegar a fin de mes y el contexto geopolítico sea tan inestable, algunas de las grandes empresas de nuestro país anuncian resultados extraordinarios, récords históricos y ganancias que se cuentan por miles de millones de euros.
Especialmente llamativo resulta el caso de las grandes empresas energéticas. Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Moeve han obtenido conjuntamente más de 15.600 millones de euros de beneficios en los nueve primeros meses de 2026, un 54 % más que en el mismo periodo del año anterior (las dos últimas, ambas petroleras, un +325% y +140% respectivamente). Once de las quince primeras empresas del ranking de beneficios empresariales pertenecen a los sectores financiero y energético. Algo que, como mínimo, debería suscitar algunas preguntas. Vamos a ello.
¿A río revuelto, ganancia de pescadores?
¿Cómo es posible que, cuando la energía está tan cara y supone un sobrecoste para empresas, familias y trabajadores, los beneficios de grandes compañías energéticas y financieras sean milmillonarios y, en la mayoría de casos, superiores a los de épocas en las que no existe una crisis energética de semejante magnitud? ¿Cómo es posible que las guerras, las tensiones geopolíticas y las restricciones de suministro, que encarecen la vida de la mayoría, se conviertan en una oportunidad de negocio para unos pocos?
¿Cómo es posible que, cuando la energía está tan cara y supone un sobrecoste para empresas, familias y trabajadores, los beneficios de grandes compañías energéticas y financieras sean milmillonarios?
Respecto al sector financiero, vemos cómo los bancos vuelven a beneficiarse de un contexto de crisis, de inflación y de tipos de interés elevados. El encarecimiento de las hipotecas y del crédito se traduce en mayores ingresos (“dinero caído del cielo”). En paralelo, el sector mantiene sus políticas tradicionales: prejubilaciones masivas, cierre de sucursales, reducción de plantillas y una presión cada vez mayor sobre quienes permanecen en sus puestos de trabajo. Y remuneraciones y dividendos galácticos para sus directivos y accionistas. En paralelo, se exige a las trabajadoras y trabajadores que cumplan objetivos comerciales irracionales, muchas veces poco realistas, en un entorno de creciente precarización de las condiciones laborales y de deterioro de la atención a los clientes.
No estamos cuestionando que las empresas ganen dinero. Al contrario, una economía productiva necesita empresas rentables, capaces de invertir, generar actividad y empleo. Lo que cuestionamos es que esa rentabilidad “récord” se alcance en un contexto de crisis que golpea a la sociedad y que sus resultados no se traduzcan, ni de lejos, en una mejora proporcional de los salarios y de las condiciones de vida de quienes hacen posible esa actividad económica.
Inflación y pérdida de poder adquisitivo
Desde 2022, la inflación ha golpeado con especial dureza a los hogares, con un breve respiro que no ha servido para recuperar el terreno perdido. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto cifras a una realidad que cualquiera puede comprobar cuando acude al supermercado: los alimentos acumulan una subida del 39,5 % en los últimos cinco años.
La inflación no es un dato en abstracto, es una pérdida real de poder adquisitivo. Es un trabajador o una trabajadora que tiene que elegir entre llenar la nevera o pagar una factura; es una familia que no puede afrontar un imprevisto porque su cuenta corriente está siempre en números rojos a final de mes.
Y es precisamente aquí donde surgen dudas razonables sobre determinados comportamientos empresariales. Porque una cosa es trasladar a los precios los incrementos reales de los costes de producción, de las materias primas o del transporte, y otra muy distinta es aprovechar un contexto inflacionario y de crisis geopolítica para sobrepreciar productos y servicios que ya se encuentran en niveles desorbitados. Y resulta que hay muchos indicadores de que esto está pasando, aunque pueda resultar complejo demostrarlo.
El Estado no puede permanecer como espectador
Es cierto que se han puesto en marcha medidas fiscales para gravar los beneficios extraordinarios de determinados sectores, tanto en el ámbito energético como en el financiero. Pero también que su alcance, continuidad y eficacia siguen siendo relativos.
Regular el mercado no siempre es suficiente. En determinadas circunstancias, el Estado debe ejercer un verdadero papel de interventor en la economía, con medidas que corrijan los abusos y frenen las dinámicas especulativas.
En este sentido, cabe pensar que el Estado sigue siendo demasiado tibio ante determinados abusos. Y lo decimos con claridad: no basta con observar, diagnosticar y confiar en que el mercado, por sí solo, corregirá sus desequilibrios. Es necesario que el Estado intervenga sobre los precios allí donde se han desquiciado, como sucede también en el mercado del alquiler y de la vivienda, donde el acceso a un derecho básico se ha convertido para demasiadas personas en una fuente de incertidumbre, precariedad y exclusión.
Regular el mercado no siempre es suficiente. En determinadas circunstancias, el Estado debe ejercer un verdadero papel de interventor en la economía, con medidas que corrijan los abusos, frenen las dinámicas especulativas y garanticen que los bienes y servicios esenciales estén al alcance de la mayoría social.
Los salarios siguen siendo una prioridad
Además, es imperativo seguir subiendo los salarios. Y no hablamos únicamente del salario mínimo interprofesional, que también. Hablamos de ejercer una presión constante en la negociación colectiva sectorial para que los salarios sigan siendo la prioridad.
Arrastramos años de salarios por debajo de los precios, del coste real de la vida. Las trabajadoras y los trabajadores han soportado el impacto de sucesivas crisis, han mantenido la actividad económica y han contribuido a que muchas empresas alcancen resultados extraordinarios. Sin embargo, esa contribución no se ha traducido en un reparto justo de la riqueza colectivamente generada. Y mientras tanto, nuestros delegados y delegadas tienen que seguir escuchando en las mesas de negociación de convenio llamamientos a la moderación salarial, a la contención de costes laborales y a la necesidad de preservar la competitividad. ¿A costa de qué, señores?
Hacia un modelo económico de élites y parias
Viendo el panorama, resulta evidente que necesitamos cuestionar el modelo económico hacia el que nos están llevando. Un capitalismo en su expresión más salvaje, que busca precisamente eso: que una élite milmillonaria gobierne un mundo de parias, sometidos y precariamente protegidos por un Estado residual de la beneficencia. La riqueza no puede seguir concentrándose en unos pocos mientras la mayoría social soporta las consecuencias. Porque una economía que produce beneficios récord, pero no garantiza bienestar, no es una economía al servicio de las personas. Se necesitan cambios y no van a llegar solos. Tendremos que lograrlos desde el movimiento sindical y con el apoyo y movilización de las personas trabajadoras. Así que, aquellos que cuestionan la oportunidad de una Huelga General, que se lo hagan mirar porque, como suele decirse, “sobran los motivos”.
