Las recientes declaraciones del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han puesto de manifiesto la compleja situación en la que está sumido el sector ferroviario español. Por una lado está siendo colonizado por dos empresas ferroviarias extranjeras que llevan años acumulando pérdidas millonarias, las cuales se mantienen financieramente a base de los impuestos de los ciudadanos que sostienen el Estado francés -en el caso de Ouigo- y el Estado italiano en el caso de Iryo. Sin embargo, los Gobiernos de los citados países no hacen más que boicotear la presencia de Renfe en sus respectivos sectores ferroviarios, permitiendo muy pocos servicios y a rutas no principales -aún no se puede conectar con París, por ejemplo- mientras que el Gobierno español les ha facilitado el acceso a las principales rutas, recibiendo a cambio competencia desleal.
Empresas en pérdidas
La entrada de Ouigo, con pérdidas de más de 40 millones de euros anuales, es algo insostenible para cualquier empresa. Estas pérdidas, además, se producen ofreciendo la empresa un servicio muy deficiente, sin ningún soporte físico de atención al cliente, con peores condiciones al viajero y una gestión de devoluciones lamentable. A esto habría que añadir la nula voluntad de generar empleo o contribuir fiscalmente, al tener la mayoría de su material alquilado.
La entrada de esta empresa en el sector ferroviario español sólo ha servido para saturar unas vías que ya están suficientemente ocupadas, produciendo así la necesidad logística de retener más tiempo a los trenes, generando incrementos en el tiempo de viaje de los usuarios de Cercanías, así como de Media Distancia y Larga Distancia/AVE. En definitiva, perjudicando a Renfe Operadora, es decir, la empresa pública de todos los españoles.
Deterioro de la infraestructura
También hay que denunciar mayores incidencias y desgaste de la infraestructura ferroviaria; una infraestructura que, debido a esta sobreexplotación, genera una mayor demanda en su mantenimiento que no está siendo satisfecha. Esto está generando un más que precario y externalizado trabajo de mantenimiento en infraestructuras, con más inversión y gasto a costa del erario público para que dos empresas extranjeras puedan prestar un lucrativo servicio que no está generando valor económico ni social en nuestro país.
En definitiva, esta situación no hace más que deteriorar el sistema ferroviario español con una política de precios irreales para un modelo ferroviario sostenible. Esta competencia desleal contra Renfe Operadora en base a modelos low-cost totalmente dañinos para todos -usuarios y empresas- terminarán poniendo en riesgo la viabilidad futura de Renfe Operadora. En ese caso, una vez eliminada del tablero nuestra empresa pública, el sistema ferroviario nacional quedará expuesto a merced de empresas estatales extranjeras con sus propios intereses, lo cuales poco o nada tendrán que ver con el interés general de los ciudadanos españoles.
En UGT somos perfectamente conscientes de que nuestro modelo ferroviario necesita mejoras, pero éstas no pueden venir a través de una liberalización salvaje que permite cohabitar a compañías parásitas que compiten deslealmente y ponen en riesgo un ferrocarril que, en muchos aspectos, ha sido referente mundial, tanto en el desarrollo de modernas infraestructuras como en su capacidad para cohesionar el territorio y avanzar hacia la modernidad.