En unos días comienza oficialmente lo que en el sector de la aviación comercial se comprende como temporada de verano. Las previsiones para la misma, que hacen entidades como IATA o EUROCONTROL, contemplan incrementos importantes tanto en el número de operaciones, como en el de pasajeros y pasajeras.

Estas previsiones comienzan a plasmarse en los programas de vuelo de las aerolíneas que van a operar en nuestro país en dicha temporada con cifras que, en muchos casos, ya están por encima de la actividad de 2019, año que fue en su momento récord en el sector. Son, sin duda, inmejorables noticias para el sector.

Sin embargo y ateniéndonos a lo visto el verano pasado en algunos aeropuertos españoles (en muchos europeos de forma mucho más acusada) hay un factor que puede generar mucha inquietud en usuarios, empresas y sobre todo también en los trabajadores y las trabajadoras de los aeropuertos:

¿Son las plantillas y sus condiciones laborales las adecuadas para atender la gran cantidad de pasajeros previstos? 

La Reforma Laboral y el acuerdo sobre el V Convenio del Sector de Handling trajeron consigo, por una parte, una presunta reconfiguración del modelo de contratación y, por otra, una actualización y estabilidad salarial importantes.

¿Qué ha pasado con la presunta reconfiguración del modelo de contratación? ¿La transformación y la mejora de ese proceso ha sido tal? ¿Se han adecuado las plantillas y la calidad de sus contratos al incremento de actividad previsto?

Recordemos que, efectivamente, el efecto de la Reforma Laboral produjo el año pasado una oleada de consolidaciones de contratos, hasta entonces eventuales, que pasaron a ser indefinidos, aunque muchos de ellos pasaron a ser Fijos Discontinuos a Tiempo Parcial.

Es cierto que las cifras de transformaciones de contrato fueron abrumadoras, con llamativas oleadas de hasta casi 2.000 en el caso de algunos operadores. Sin embargo, no todas se realizaron plenamente en coordinación con las fuerzas sindicales ni de forma ordenada. Ello ya llevó en algunos casos a judicializar parte de esos movimientos,  porque a juicio de UGT no se adecuaban ni a la norma, ni a las necesidades de la operación, lo que derivaba en sobrecarga de las personas trabajadoras.

La reforma legal , y el propio Convenio del Sector,  ya previeron una herramienta que pretendía hacer ese necesario trabajo de coordinación y control: las Comisiones de Seguimiento del Empleo. El problema es que las empresas, por “descuido” o por estrategia no han puesto en marcha dicho mecanismo.

Hace más de un mes, UGT, junto con otros, denunció a la patronal ASEATA esta situación y conminó a las empresas a que constituyeran con la parte social dichas comisiones. A fecha de hoy, sólo una ha iniciado el proceso de constitución y otra ha dado mero cumplimiento formal al convocar a la comisión, pero sin ningún tipo de contenido en la reunión, ni vocación de análisis a corto y medio plazo.

UGT, ante esta situación y la actuación aún mas descontrolada de alguna empresa, ya ha empezado a judicializar algunos casos. Los juzgados nos están dando la razón y se están produciendo consolidaciones o mejoras de contrato por instrucción de una sentencia.

Esto podría resolver la parte que están haciendo mal las empresas respecto a la aplicación de lo que indicaba la Reforma Laboral, y, desde luego, este sindicato seguirá denunciando los incumplimientos que se produzcan. Pero el hecho de que se tenga que resolver en sede judicial no sólo pone de manifiesto el fracaso del modelo de relación social que plantean las empresas, sino que claramente deja sin resolver la otra parte del modelo de contratación que el espíritu de la reforma, consensuada por sindicatos, gobierno, patronales y avalada por toda la sociedad a través del Parlamento, preveía:

  • La que tiene que buscar la mejora constante en la calidad de la contratación.
  • La que debe hacerlo en base al análisis permanente de la adecuación de las plantillas y del consenso entre las empresas y la parte social.

Seguiremos, desde UGT, insistiendo en la necesidad, por los plazos y la obligatoriedad legal, de constituir esas comisiones de trabajo. Pero, sobre todo en la necesidad de que se analice, empresa a empresa, aeropuerto a aeropuerto, la dimensión de las plantillas, la calidad de los contratos y su relación con la carga de trabajo prevista para los próximos seis meses.

No valen excusas como la incertidumbre acerca de los resultados de los concursos de AENA. Aquellos que que dirán cuál es el tablero de empresas que prestarán servicios de handling los próximos siete años. Las cargas de trabajo de marzo a septiembre ya se conocen en un 90% porque las aerolíneas ya han pasado sus programaciones.

Las empresas no deben dar excusas de mal pagador,  ni deben tener miedo a dimensionar sus plantillas sin saber qué licencias van a obtener, legalmente están cubiertas, y lo saben. La carga de trabajo es la que es. Necesita la plantilla que necesita. Sea una empresa u otra la que preste el servicio.

¿Tendremos que sufrir, como el verano pasado, que buena parte de esos incrementos de operaciones y de pasajeros y pasajeras se absorban con el mismo número de personas con contratos a tiempo parcial que no consolidan lo que se les exprime?

UGT vigilará que no se produzcan incumplimientos legales, y no permitirá que una temporada de verano más sean las personas trabajadoras del sector aéreo las que asuman el coste de la operación. Le pedimos a las empresas responsabilidad. Que se pongan a trabajar en una planificación correcta de la parte álgida de la temporada. Que no arriesguen una temporada que debe ser la de la consolidación del crecimiento. Y sobre todo, que no trasladen su ambición o su incompetencia a las espaldas de sus trabajadoras y sus trabajadores.