El sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT Castilla y León junto al sector estatal reclaman a la Universidad de Salamanca que revise el presupuesto de licitación del servicio de vigilancia y rechace ofertas que no garanticen los costes laborales y la correcta prestación del servicio
La contratación pública no puede convertirse en una competición basada exclusivamente en quién ofrece el precio más bajo, especialmente cuando el presupuesto de partida de una licitación ya resulta insuficiente para cubrir los costes reales de prestación del servicio. Esta es la preocupación trasladada por FeSMC-UGT a la Junta de Contratación del Rectorado de la Universidad de Salamanca respecto al concurso para el servicio de vigilancia, seguridad y mantenimiento de sistemas de seguridad, cuyo precio de licitación asciende a 4.413.117,06 euros, sin IVA.
Desde el sindicato se advierte de que una licitación que parte de un presupuesto deficitario y que, posteriormente, permite que las empresas concurran con ofertas todavía más bajas puede terminar convirtiendo la contratación pública en una auténtica subasta a la baja, en la que el precio acaba imponiéndose sobre la calidad del servicio, la estabilidad del empleo y el cumplimiento de las obligaciones laborales.
La situación resulta especialmente preocupante en un sector intensivo en mano de obra como el de la seguridad privada. El sindicato recuerda que los pliegos deben contemplar partidas económicas suficientes para que la empresa adjudicataria pueda hacer frente a los salarios y al resto de obligaciones derivadas del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, además de los costes materiales, gastos generales y beneficio industrial. Así lo establece, el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Ofertas que no cubren los costes: una competencia desleal
Para FeSMC-UGT, el problema no termina en un presupuesto de licitación insuficiente. La posibilidad de que las empresas presenten propuestas económicas todavía más bajas, sin garantizar siquiera los costes mínimos necesarios para prestar el servicio, genera una situación de competencia desleal frente a aquellas compañías que pretenden cumplir con sus obligaciones laborales y económicas.
Una empresa puede mejorar su oferta mediante una gestión más eficiente, pero no puede hacerlo a costa de asumir pérdidas estructurales que posteriormente recaigan sobre su plantilla. Rebajar artificialmente el precio hasta situarlo por debajo de los costes reales del servicio supone trasladar el riesgo empresarial a los trabajadores y trabajadoras, que pueden terminar sufriendo retrasos o impagos salariales, incumplimientos del convenio, reducción de medios o deterioro de las condiciones de trabajo.
La Administración también tiene responsabilidad
FeSMC-UGT considera que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre las empresas que presentan ofertas temerarias o económicamente inviables. La Administración que diseña y adjudica el contrato también debe garantizar que las condiciones económicas de la licitación permiten cumplir con las obligaciones sociales y laborales.
Por ello, desde UGT se reclama que la contratación pública sea socialmente responsable de principio a fin, desde la elaboración del presupuesto y los pliegos hasta la adjudicación y posterior control de la ejecución del servicio.
Cuando el precio irreal acaba pagándose con dinero público
La experiencia demuestra que adjudicar servicios de seguridad a empresas que presentan ofertas muy por debajo de los mínimos necesarios puede terminar provocando graves consecuencias. UGT recuerda situaciones anteriores en las que empresas adjudicatarias dejaron de abonar los salarios y acabaron entrando en concurso de acreedores, obligando a las plantillas a iniciar procedimientos judiciales para reclamar las cantidades adeudadas, parte de las cuales terminaron siendo asumidas por el Estado a través del Fondo de Garantía Salarial.
Lo que inicialmente parece un ahorro para la Administración puede terminar convirtiéndose en un coste social y económico mucho mayor, además de generar conflictos laborales, movilizaciones, procedimientos judiciales y problemas en la continuidad de los servicios.
Por este motivo, FeSMC-UGT considera especialmente irresponsable que una Administración saque a concurso un servicio con un presupuesto que el sindicato entiende insuficiente y que, sobre esa base, se permita posteriormente una nueva rebaja de las cantidades ofertadas por las empresas. Una dinámica de este tipo puede desvirtuar completamente el objetivo de la contratación pública y favorecer a quienes compiten mediante precios inviables frente a quienes cumplen con sus obligaciones laborales.
UGT exige corregir los pliegos
FeSMC-UGT ha solicitado a la Junta de Contratación del Rectorado de la Universidad de Salamanca que revise las condiciones económicas del concurso y, en su caso, proceda a su subsanación para adecuarlas a las exigencias de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
El sindicato defiende que la calidad del servicio, el cumplimiento del convenio colectivo y la protección de las condiciones laborales deben estar por encima de cualquier ahorro ficticio conseguido mediante una reducción del precio incompatible con los costes reales del contrato.
Imagen generada por IA.
