La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Extremadura, a través de su Sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares, ha presentado un escrito formal junto con el sector estatal ante la Junta de Contratación del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) en el que solicita la revisión del procedimiento de contratación del servicio de vigilancia del Centro Residencial La Granadilla, en Badajoz.
El sindicato advierte de que la documentación del expediente de contratación podría no ajustarse plenamente a las exigencias establecidas en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, especialmente en lo relativo a las obligaciones de las empresas licitadoras en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Según expone FeSMC-UGT, la empresa propuesta para la prestación del servicio, Homeland Security Spain – Vigilancia, Protección y Escoltas S.L., debería acreditar la existencia y vigencia de un Plan de Igualdad, requisito obligatorio para empresas de seguridad y cuya ausencia puede constituir una causa de prohibición para contratar con las administraciones públicas.
Defensa de la contratación pública responsable
Desde la organización sindical se subraya que la contratación pública no puede limitarse exclusivamente a criterios económicos, sino que debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de las empresas adjudicatarias. UGT recuerda que la propia Ley de Contratos del Sector Público incorpora criterios vinculados a la igualdad de género, la estabilidad en el empleo, la protección de la salud laboral y la responsabilidad social empresarial.
El sindicato sostiene que, de acuerdo con la información consultada en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos (REGCON), la empresa adjudicataria carecía de Plan de Igualdad inscrito en la fecha límite de presentación de ofertas, circunstancia que, de confirmarse, debería ser objeto de comprobación por parte del órgano de contratación.
Vigilancia sindical frente a posibles irregularidades
FeSMC-UGT señala además que la presentación de una declaración responsable afirmando disponer de un Plan de Igualdad cuando este no existe podría acarrear importantes consecuencias legales y administrativas. En este sentido, el sindicato recuerda diversas resoluciones recientes de los tribunales administrativos de contratación pública que vinculan la acreditación efectiva de estos planes con su inscripción obligatoria en el REGCON.
Para la organización sindical, la defensa de la igualdad no debe entenderse como un mero trámite burocrático, sino como una garantía esencial para asegurar condiciones laborales dignas y transparentes en el sector de la seguridad privada.
UGT reclama una actuación inmediata
Por todo ello, FeSMC-UGT solicita al SEPAD que verifique el cumplimiento de todos los requisitos legales por parte de la empresa afectada y que adopte las medidas oportunas para garantizar que el procedimiento de contratación se ajusta plenamente a la normativa vigente.
El Sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de UGT reafirma así su papel como agente de vigilancia y control del cumplimiento de la legalidad en las licitaciones públicas, defendiendo que los fondos públicos deben adjudicarse únicamente a empresas que respeten íntegramente los derechos laborales, los principios de igualdad y las obligaciones establecidas por la legislación española.
«No podemos permitir que las administraciones miren hacia otro lado cuando existen indicios de incumplimiento de obligaciones tan importantes como los planes de igualdad. La contratación pública debe ser un ejemplo de transparencia, legalidad y compromiso social», señala el sindicato.
