El Sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT Madrid, junto al sector estatal, han presentado un escrito dirigido a la Junta de Contratación de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid para advertir de posibles incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público en el concurso de “Seguridad y vigilancia en la sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades sita en la calle Santa Hortensia, 30, de Madrid”.
El sindicato cuestiona especialmente los criterios de ponderación establecidos en los pliegos del contrato, cuyo importe de licitación asciende a 410.831,93 euros (sin IVA), al considerar que no respetan los requisitos recogidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Desde FeSMC-UGT recuerdan que el artículo 145 de dicha ley establece que, en los contratos de servicios incluidos en el Anexo IV —entre ellos los de vigilancia y seguridad—, los criterios relacionados con la calidad deben representar al menos el 51% de la puntuación total asignable en la valoración de las ofertas.
Sin embargo, el sindicato denuncia que la puntuación otorgada a factores económicos y a prestaciones gratuitas, como la bolsa de horas adicionales ofertadas por las empresas licitadoras, alcanza un total de 59 puntos, dejando en minoría los criterios cualitativos exigidos legalmente.
FeSMC-UGT considera además que la inclusión de “bolsas de horas gratuitas” contradice el principio de onerosidad que debe regir los contratos públicos y advierte de que este tipo de prácticas podrían repercutir negativamente en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, favoreciendo posibles incumplimientos de los convenios colectivos.
La organización sindical sostiene que los criterios cualitativos previstos en la normativa deben estar vinculados a aspectos sociales y laborales, así como a la calidad efectiva del servicio, y no a elementos que, en la práctica, supongan una rebaja encubierta del precio del contrato.
Por ello, FeSMC-UGT ha solicitado formalmente a la Consejería que revise y subsane los pliegos del concurso para adecuarlos a lo establecido en la legislación vigente, garantizando así una contratación pública que respete los derechos laborales y apueste por la calidad en los servicios de seguridad privada.
