El Sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT La Rioja junto con el sector estatal han presentado una solicitud formal ante la Junta de Contratación del Ayuntamiento de Calahorra para advertir sobre posibles incumplimientos legales en el proceso de licitación del «Contrato de servicios para la gestión integral del sistema municipal de videovigilancia autorizado por la delegación del Gobierno de La Rioja».
Supuesta falta de Plan de Igualdad
FeSMC-UGT sostiene que la documentación del concurso no se ajusta a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Según la denuncia, la empresa adjudicataria INTAN SYSTEM, S.A., carecía de un Plan de Igualdad registrado en el REGCON a la fecha de cierre de presentación de ofertas, fijada para el 26 de marzo de 2026.
FeSMC-UGT recuerda que disponer de este plan es una obligación legal y sectorial. El sindicato enfatiza los siguientes puntos legales:
- Prohibición de contratar: El artículo 71.1.d de la LCSP establece que las empresas obligadas que no cuenten con un plan de igualdad tienen prohibido contratar con el sector público.
- Convenio Colectivo: El convenio estatal de empresas de seguridad (2026-2030) obliga a todas las entidades del sector a contar con dicho plan para garantizar la igualdad de oportunidades.
- Falsedad documental: La organización advierte que haber firmado una declaración responsable afirmando poseer el plan sin tenerlo, presuntamente, realmente podría constituir un delito de falsedad documental.
Requerimientos a la Administración
El escrito remitido al Ayuntamiento insta a la Mesa de Contratación a ejercer su prerrogativa de control y requerir formalmente la documentación a la empresa mencionada. Asimismo, citan resoluciones previas del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos (TACP) que avalan que la acreditación efectiva de estos planes debe verificarse mediante su inscripción en el registro oficial.
Desde FeSMC-UGT solicitan que se proceda a la subsanación del proceso para asegurar que el concurso cumpla estrictamente con la normativa vigente en materia de cláusulas sociales y laborales para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras que presten servicio en dicha administración.
