El Sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT Madrid junto al sector estatal ha denunciado posibles irregularidades en el proceso de contratación del servicio de mantenimiento de sistemas de intrusión y conexión a CRA en centros de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE).
El Sindicato ha trasladado a la dirección de compras de RTVE su preocupación por el incumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, especialmente en lo relativo a las obligaciones sociales y laborales que deben cumplir las empresas licitadoras.
Dudas sobre el cumplimiento de los planes de igualdad
FeSMC-UGT ha puesto el foco en la participación de la UTE formada por dos empresas, a las que señala por no disponer, presuntamente, de un plan de igualdad inscrito en el registro oficial (REGCON) en la fecha límite de presentación de ofertas.
Según recuerda el Sindicato, la normativa vigente obliga a las empresas de determinado tamaño a contar con un plan de igualdad, tanto por la legislación general como por el propio Convenio colectivo estatal de seguridad privada. Además, la falta de este requisito puede constituir una causa de prohibición para contratar con la administración pública.
FeSMC-UGT advierte asimismo que la declaración responsable presentada en el proceso podría incurrir en un supuesto de falsedad documental en caso de no ajustarse a la realidad.
Reclamación de mayor control en la contratación pública
La organización sindical ha solicitado a RTVE que requiera formalmente a las empresas implicadas la acreditación de su plan de igualdad, tal y como permite la legislación, y que verifique el cumplimiento de todas las obligaciones sociales antes de proceder a la adjudicación.
En este sentido, recuerdan que la propia ley habilita a los órganos de contratación a recabar informes de organizaciones sindicales y a supervisar el cumplimiento de las condiciones laborales, sociales y de igualdad en los contratos públicos.
Defensa de la contratación responsable
Desde FeSMC-UGT insisten en que la contratación pública debe ser una herramienta clave para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la estabilidad en el empleo y el respeto a los derechos laborales.
“No se puede permitir que empresas que no cumplen con obligaciones básicas como los planes de igualdad accedan a contratos públicos”.
