El Sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT Euskadi junto con el sector estatal han advertido de posibles irregularidades en los pliegos del contrato para el servicio de transporte, manipulación e ingreso de efectivo en las oficinas comerciales del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

El contrato incluye una ponderación de criterios que no se ajusta a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en lo relativo al equilibrio entre criterios económicos y de calidad.

Cuestionamiento del peso del criterio económico

FeSMC-UGT señala que el pliego otorga un 50% de la puntuación a la oferta económica, incumplimiento así, del artículo 145 de la normativa, que establece que en contratos de servicios de seguridad los criterios de calidad deben tener un peso mínimo del 51%.

Desde el Sindicato se considera que aunque un punto de diferencia puede parecer, a priori, irrelevante incentiva la competencia entre las empresas solicitantes basada principalmente en el precio, en detrimento de aspectos cualitativos esenciales como la seguridad, la profesionalidad o las condiciones de prestación.

Reclamación de criterios sociales y laborales

La organización sindical recuerda que la legislación vigente en materia de contratación pública incorpora la necesidad de incluir criterios sociales, laborales y medioambientales en los procesos de adjudicación, con el objetivo de garantizar servicios de calidad y condiciones de trabajo dignas.

En este sentido, FeSMC-UGT apunta a que la ausencia o insuficiente peso de estos criterios en el concurso podría tener consecuencias tanto en la calidad del servicio como en las condiciones laborales del personal adscrito al mismo.

Solicitud de subsanación

Ante esta situación, el Sindicato ha solicitado formalmente a la junta de contratación del Consorcio que revise los pliegos y proceda a su subsanación para adaptarlos a la legalidad vigente.

«La contratación pública no debe basarse exclusivamente en el precio, sino que debe garantizar estándares adecuados de calidad y respeto a los derechos laborales».