El Secretario General de FeSMC-UGT recordó también que hay empresas socialmente responsables que llevan más de dos años sin poder actualizar precios en sus contratos con el Estado por culpa de la Ley de desindexación de la economía, lo que está repercutiendo negativamente en los salarios de las personas trabajadoras.
El Secretario General de FeSMC-UGT, Antonio Oviedo, encabezando la concentración junto a Diego Giráldez, responsable del sector de seguridad privada de UGT.
Cientos de delegados y delegadas del sector de seguridad privada de FeSMC-UGT se concentraron ayer a las puertas de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Exigían que el Gobierno de esta región deje de contratar a empresas pirata, como Vettonia, que ofrecen servicios de seguridad a bajo coste pero a costa del salario y las condiciones de trabajo de sus profesionales.
En la concentración, en la que estuvieron presentes el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, y el Secretario General de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Antonio Oviedo, se escucharon todo tipo de proclamas apelando a la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que venían a exigir «un empleo digno y con derechos» y «una contratación pública socialmente responsable».
En el mismo sentido se expresó el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, denunciando que «el sector de seguridad privada en nuestro país tiene que dejar de ser la contrata pobre y precaria de la Administración pública».
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, instantes previos a su declaración a medios.
Por su parte, el Secretario General de FeSMC-UGT, Antonio Oviedo, recordó que «la presidencia de la Comunidad de Madrid es Administración pública, es Estado, y por tanto debe dar ejemplo y cumplir, al menos, con la Ley de Contratación Pública contando con servicios ofrecidos por empresas que cumplen con el convenio, que respetan los derechos laborales y que ofrecen servicios de calidad; y no con entidades pirata que tiran precios para hacerse con contratos públicos a la baja y a costa de precarizar el empleo».
También apuntó que FeSMC-UGT se ha propuesto movilizar todos sus recursos para promover una modificación de la Ley de desindexación de la economía que «está secuestrando la negociación colectiva, generando una espiral de daños al no poder las empresas que contratan con el Estado actualizar los precios de sus servicios durante estos años de inflación, lo que repercute negativamente en los salarios de los trabajadores y en los ingresos de las propias empresas».
