INTRUM, empresa dedicada al recobro de deudas y principal cliente de entidades financieras, ejecutó a lo largo de 2024 un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a más de 130 trabajadores en su centro de Valladolid.
El proceso finalizó en diciembre, pero sus consecuencias siguen afectando a cientos de trabajadores y sus familias, que se enfrentan a la incertidumbre y a la falta de soluciones reales para su futuro laboral. Especialmente preocupante ha sido la falta de sensibilidad mostrada en los despidos, que han afectado incluso a personas con enfermedades graves y mujeres embarazadas, dejando en evidencia la falta de control sobre este tipo de decisiones empresariales.
Desde FeSMC UGT Castilla y León denunciamos la grave dejación de funciones de la Junta de Castilla y León, que no ha ejercido su responsabilidad de mediar y acompañar a los trabajadores en este proceso. A pesar de haber anunciado medidas de recolocación, la realidad es que no ha habido comunicación con los representantes sindicales ni se han impulsado soluciones concretas para los afectados.
Por el contrario, el PSOE de Castilla y León ha mostrado un firme respaldo a los trabajadores de INTRUM, destacando la labor de Pedro González, cuya intervención ha sido clave para visibilizar este conflicto y exigir responsabilidades.
Desde UGT exigimos a la Junta que asuma su responsabilidad y actúe con medidas efectivas para garantizar la recolocación de los despedidos y el respeto a los derechos laborales. No podemos permitir que decisiones de esta magnitud se tomen sin un adecuado control y sin mecanismos que protejan a los trabajadores.
