Hoy día 24 de enero se ha celebrado la primera reunión del 2025 del Comité Directivo de servicios inmobiliarios de UNI EUROPA. UGT insiste en la necesidad de establecer mecanismos que mejoren la Directiva europea de contratación pública durante la reunión del Comité Ejecutivo de Servicios de UNI Europa
Avanzar hacia mejorar la contratación de servicios por parte de las administraciones públicas es tanto como mantener y mejorar las condiciones de empleo de millones de personas trabajadoras en Europa y por tanto es uno de los principales objetivos del Sindicalismo Europeo. La Presidente Von Der Leyen debe ahora pasar de la palabra a los hechos y cumplir su compromiso de trabajar hacia una Directiva Europea de Contratos Públicos que aborde con absoluta claridad tanto el mantenimiento del empleo como las condiciones laborales de las plantillas subcontratadas por las distintas administraciones en el conjunto de la Unión Europea. Es de vital importancia acabar con el mercadeo impulsado por bajos precios en la adjudicación de contratos que merman tanto la calidad de los servicios como las condiciones laborales en manera más gravosa sobre colectivos denominados de mano de obra intensiva.
UGT también ha incidido sobre la falta de mano de obra en el sector servicios en distintos países de la Unión. El problema de la falta de personas trabajadoras se debe a la precariedad laboral instaurada en determinados sectores y en determinados países y debe ser resuelta desde la mejora de las condiciones laborales de estos colectivos mediante la negociación colectiva. “Harían bien las distintas patronales en iniciar ese camino y no buscar soluciones que pretendan elevar sus plantillas con condiciones laborales miserables.”
UGT durante la jornada ha indicado que el aumento de la ultraderecha y el fascismo en Europa merece una respuesta sindical diaria tanto en la calle, como en el debate político y construyendo derechos que lleguen directamente al conjunto de la sociedad.
UGT ha defendido en Europa la necesidad de avanzar en España hacia un modelo de contratación pública donde las empresas que no estén dispuestas a cumplir las condiciones laborales con sus plantillas y apostar claramente por la calidad de sus servicios queden excluidas de este área de negoción.
