A fecha 26 de abril de 2023 dos de las peores empresas de seguridad en España, ALCOR SEGURIDAD y SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, por fin, tienen fecha de juicio.

Según una publicación del periódico digital The Objetive estas dos empresas de seguridad “que son consideradas dos de las ‘ovejas negras’ del sector de la seguridad privada en España se fueron a la quiebra dejando a unos 3.000 empleados sin trabajo y ahora se enfrentan a la Justicia por distintos delitos. Ambas tienen ya fecha para juicio. La primera de ellas es ALCOR SEGURIDAD. Cinco de sus exdirectivos se sentarán en el banquillo a partir del próximo 19 de junio en Lugo por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores. La otra empresa del sector que irá a juicio es SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, propiedad del conocido empresario canario Miguel Ángel Ramírez”.

En la misma noticia se especifica que el sindicato FTSP USO participó en el inicio de las demandas contra las dos compañías. “Sindicato que en aquella época tenía otra dirección y otra visión del sindicalismo”. A veces cuando cambian las personas cambia la ideología. A día de hoy los dirigentes de la USO ya no están tan preocupados por las malas prácticas de estas empresas. Ya no les importa que la empresa ALCOR aplique a su plantilla un convenio de empresa con unas tablas salariales con un 30% por debajo del convenio estatal del sector y que además tiene vigencia hasta el año 2025. Al revés, les intentan ayudar a seguir reduciendo los derechos de su personal.

La USO ha decidido negociar con ALCOR un Plan de Igualdad para que puedan presentarse a los contratos del sector público y seguir expandiendo su empresa a costa de recortar los derechos de sus trabajadores y trabajadoras.

Mientras UGT inicia actuaciones legales ante los juzgados y la Dirección Especial de Inspección de Trabajo para combatir este tipo de empresas, la USO ha decidido dar oxígeno a  ALCOR y asfixiar a sus trabajadores y trabajadoras.

En un sector como la seguridad privada donde los costes salariales están por encima del 85% de los costes totales de las empresas, aplicar convenios de empresa o descuelgues en aspectos como jornada y salarios obedece a políticas desleales para mantener y acaparar cartera de clientes públicos y privados basándose en los bajos precios y afectando gravemente a los legítimos derechos de las personas trabajadoras que operan en nuestro sector.