El Sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT muestra su preocupación ante la situación que atraviesa Hetecse, empresa de seguridad privada con sede central en Madrid y presencia en diferentes territorios, entre ellos Andalucía, Asturias, Castilla y León y La Rioja, después de que, tras varios meses abonando las nóminas con retraso, este mes haya dejado de hacer efectivo el pago de los salarios a sus trabajadores y trabajadoras

Asimismo, no se descarta que la empresa pueda acogerse a un procedimiento concursal en las próximas fechas, extremo que, a día de hoy, no está confirmado, por lo que UGT considera necesario actuar con prudencia y esperar a que exista una comunicación oficial al respecto.

Lo que está ocurriendo vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las plantillas de seguridad privada cuando una empresa atraviesa dificultades económicas. Las personas trabajadoras no pueden convertirse en quienes soporten las consecuencias de una gestión empresarial que termine comprometiendo el cobro puntual de sus salarios.

Hetecse desarrolla mayoritariamente su actividad en servicios para distintas Administraciones Públicas, circunstancia que, debe llevar necesariamente a una reflexión sobre el actual modelo de contratación de los servicios de seguridad privada.

La situación de la compañía constituye, un nuevo ejemplo de la necesidad de cambiar el modelo de contratación pública de los servicios de seguridad privada en nuestro país.

Las Administraciones Públicas no pueden limitarse a adjudicar los servicios atendiendo fundamentalmente al precio, sino que deben garantizar que las empresas adjudicatarias cuentan con la suficiente solvencia y capacidad para prestar el servicio y, al mismo tiempo, cumplir de manera puntual con sus obligaciones laborales y salariales.

La seguridad privada es un servicio intensivo en mano de obra y su principal activo son sus trabajadores y trabajadoras. Por ello, cualquier modelo de contratación que establezca los presupuestos de licitación por debajo de los costes reales del servicio puede terminar repercutiendo directamente sobre las condiciones laborales, la estabilidad del empleo y, en situaciones como la actual, incluso sobre algo tan básico como el derecho a percibir el salario en tiempo y forma.

Desde UGT se viene defendiendo un cambio de modelo de contratación pública, basado en la calidad del servicio, unas condiciones económicas suficientes, el cumplimiento de los convenios colectivos y la estabilidad en el empleo. Las Administraciones Públicas deben ser garantes de unas condiciones de contratación que permitan a las empresas prestar los servicios con garantías y a las plantillas desarrollar su trabajo con derechos y seguridad.

La seguridad privada no puede construirse sobre ofertas económicas insuficientes ni sobre el deterioro de las condiciones laborales.