El sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT Euskadi junto con el sector estatal ha presentado un escrito formal ante la Junta de Contratación de la Sociedad Deportiva Municipal de Portugalete alertando de posibles incumplimientos en el concurso público para el servicio de vigilancia sin armas durante la temporada estival en instalaciones deportivas del municipio.
FeSMC-UGT, el pliego de condiciones del contrato podría no ajustarse a lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, especialmente en lo relativo a los criterios de adjudicación. En concreto, el sindicato señala que no se respeta la obligación legal de que los criterios de calidad representen al menos el 51% de la puntuación total en contratos del ámbito de la seguridad y vigilancia.
Críticas al peso excesivo del criterio económico
Desde la organización sindical denuncian que el concurso otorga un peso desproporcionado a factores económicos. La suma de la puntuación asignada a la oferta económica (49 puntos) y a la oferta de una bolsa de horas adicionales gratuitas (26 puntos) alcanza un total de 75 puntos, lo que directa o indirectamente deja en clara desventaja los criterios cualitativos exigidos por la normativa.
El sindicato cuestiona además la inclusión de “bolsas de horas gratuitas” como criterio de valoración, al considerar que contradicen el principio de onerosidad de los contratos públicos. A su juicio, este tipo de prácticas pueden derivar en una precarización de las condiciones laborales del personal de seguridad, afectando directamente al cumplimiento de los convenios colectivos del sector.
Riesgos laborales y sociales
FeSMC-UGT advierte de que este tipo de planteamientos en la contratación pública pueden tener consecuencias negativas tanto en la calidad del servicio como en los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
«Los criterios sociales y laborales deben ser prioritarios en este tipo de licitaciones, tal y como recoge la legislación vigente».
Solicitud de rectificación
Ante esta situación, la FeSMC-UGT ha solicitado formalmente la revisión y subsanación de los pliegos del concurso para garantizar una contratación pública que respete tanto la normativa como los derechos laborales.
Desde el ámbito sindical, este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la calidad del empleo en los servicios externalizados y la importancia de que las administraciones públicas prioricen criterios sociales frente al abaratamiento de costes en sus procesos de contratación.
