Desde la entrada en vigor del Convenio estatal de seguridad privada, que ha incrementado en un 6% todos los conceptos salariales para el ejercicio 2023, algunas empresas de seguridad privada -en el primer trimestre del año- han anunciado inaplicaciones del Convenio estatal reduciendo así las condiciones laborales y económicas de las personas trabajadoras.

Para UGT este tipo de conductas empresariales vuelve a poner de manifiesto una absoluta falta de ética laboral esgrimida por un número relevante de empresas en la seguridad privada que según el Sindicato debe ser erradicada de facto en nuestro país. En un sector como la seguridad privada donde los costes salariales están por encima del 85% de los costes totales de las empresas, inaplicar el convenio en aspectos como jornada y salarios obedece a políticas desleales para mantener y acaparar cartera de clientes públicos y privados a un precio basado en el dumping y afectando gravemente a los legítimos derechos de las personas trabajadoras que operan en este tipo de empresas.

UGT ha iniciado actuaciones legales sobre este tipo de tacticismo empresarial, además de poner en conocimiento de la Dirección Especial de Inspección de Trabajo las mencionadas inaplicaciones, que merecen la intervención de la Inspección de Trabajo sobre las conductas generales de este tipo de empresas en materia laboral y tributaria.

Igualmente, desde el Sindicato Federal de Seguridad Privada de FESMC UGT se ha instado a los grandes clientes públicos y privados  a nivel estatal al inicio de procedimientos que bien obliguen a las empresas al cumplimiento del Convenio estatal durante la vigencia de los contratos o bien inicien procesos de suspensión de contrato con este tipo de empresas que mediante la figura de inaplicación de convenio esconden intereses más próximos a la prevalencia de mercado así como lesionan gravemente los intereses de sus plantillas en materia laboral, social y económica, perjudicando gravemente al conjunto del sector.

Boletín Seguridad privada – Marzo 2023